ICE contra las cuerdas: fallo histórico permite a congresistas ingresar a centros de detención
Una jueza federal bloqueó una medida del DHS que restringía visitas del Congreso a centros del ICE y devolvió el control legislativo sobre las detenciones migratorias.
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La Justicia le pone límites a ICE y habilita control legislativo en centros de detención. | Composición El Popular/Meredhit Yañacc.
La Justicia federal volvió a poner freno a un intento del Ejecutivo por restringir el acceso del Congreso a los centros de detención migratoria. Una orden judicial suspendió de forma temporal una directiva impulsada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que buscaba imponer nuevas condiciones a las visitas de supervisión legislativa en instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
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El fallo, emitido en Washington, reaviva el debate sobre los límites del poder ejecutivo y la obligación de rendir cuentas en materia migratoria. La jueza consideró que el memorando del 8 de enero de 2026 entra en conflicto con una prohibición expresa del uso de fondos federales para bloquear la fiscalización del Congreso, incluso si la administración intenta modificar la fuente de financiamiento.
La jueza frena una política ya cuestionada
La resolución fue firmada el 2 de febrero por la jueza federal Jia M. Cobb, del Tribunal de Distrito de Columbia, quien ya había invalidado una versión similar de esta política en diciembre de 2025. En esta ocasión, concedió una orden de restricción temporal solicitada por 13 representantes demócratas que denunciaron al ICE y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
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El núcleo del reclamo era la exigencia de un aviso previo mínimo de siete días para realizar visitas de supervisión a centros donde se encuentran personas migrantes detenidas. Para el tribunal, esa condición vulnera el rol constitucional del Congreso y contradice normas presupuestarias vigentes que protegen el acceso de los legisladores a estas instalaciones.
Entre los congresistas beneficiados por la medida, según Democracy Forward, se encuentran Jason Crow y Joe Neguse (Colorado), Jamie Raskin (Maryland), Bennie G. Thompson (Mississippi), Veronica Escobar (Texas), Daniel S. Goldman y Adriano Espaillat (Nueva York), Jimmy Gómez, Raúl Ruiz, Norma Torres, Robert Garcia y José Luis "Lou" Correa (California), además de Kelly Morrison (Minnesota).
Qué cambia para el ICE y el DHS tras el fallo
El tribunal concluyó que el nuevo memorando no logra eludir los obstáculos legales ya señalados. Aunque el DHS argumentó que la política se financiaría exclusivamente con recursos de la One Big Beautiful Bill Act, aprobada en 2025 y no alcanzada por la Sección 527, la jueza sostuvo que esa separación de fondos no está claramente demostrada ni garantizada en la práctica.
Como consecuencia, la orden judicial establece que el ICE y el DHS deben permitir de inmediato el ingreso de los 13 legisladores demandantes a cualquier instalación bajo su control que aloje a personas migrantes. También les prohíbe exigir aviso previo para esas visitas y fija una vigencia inicial de hasta 14 días, con posibilidad de extensión.
La decisión no cierra el conflicto. La jueza dejó abierto un análisis más profundo sobre la legalidad de la política bajo la Ley de Procedimiento Administrativo, lo que podría derivar en nuevas medidas. Por ahora, el Congreso recupera su capacidad de supervisión directa y sin previo aviso, en un fallo que refuerza la transparencia y el control institucional sobre el sistema de detención migratoria en Estados Unidos.
SOBRE EL AUTOR:
Periodista especializada en tendencias y actualidad. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Certificada en SEO y Marketing Digital. Interesada en temas relacionados con tendencia, coyuntura nacional, farándula y más.
