Adiós a los refrescos y dulces: 5 estados de EE. UU. los eliminan del programa de ayuda alimentaria desde 2026
Cinco estados de EE. UU. restringirán desde 2026 la compra de refrescos y dulces con SNAP, una medida que abre un debate sobre salud, costos y estigmatización.
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Estados Unidos endurece la ayuda alimentaria qué estados retirarán refrescos y dulces en 2026. | Composición El Popular/Meredhit Yañacc.
Cinco estados de Estados Unidos se preparan para aplicar cambios profundos en el uso de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). A partir de 2026, los hogares que dependen de esta ayuda ya no podrán destinarla a refrescos, dulces y otros productos considerados poco saludables, como parte de una nueva estrategia federal que busca modificar los hábitos alimentarios de millones de personas.
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Indiana, Iowa, Nebraska, Utah y Virginia Occidental encabezan esta transformación normativa, convirtiéndose en los primeros en adoptar exenciones que limitan qué alimentos pueden adquirirse con fondos del programa. La decisión marca un giro relevante en un sistema que, durante décadas, permitió comprar casi cualquier producto alimenticio para consumo humano.
Un giro en la política alimentaria con foco en la salud
La iniciativa se enmarca en el plan impulsado por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, para excluir del SNAP productos asociados a enfermedades crónicas. El objetivo declarado es reducir problemas como la obesidad y la diabetes, frecuentemente vinculados al consumo de bebidas azucaradas y golosinas.
Menos azúcar en la asistencia social: refrescos y dulces quedan fuera en 5 estados desde 2026.
"No podemos continuar con un sistema que obliga a los contribuyentes a financiar programas que enferman a las personas y luego pagar una segunda vez para tratar las enfermedades que esos mismos programas ayudan a crear", señaló Kennedy en un comunicado dado a conocer este mes.
El enfoque conecta con la agenda de "Hacer a Estados Unidos Saludable de Nuevo", una de las banderas del actual liderazgo sanitario. Sin embargo, el cambio no está exento de controversias. Especialistas en políticas públicas recuerdan que intentos anteriores de imponer restricciones similares fueron rechazados por el Departamento de Agricultura, que advertía sobre su alto costo y su efectividad limitada para cambiar conductas alimentarias.
Dudas operativas, costos y el impacto social
Desde el sector minorista y el ámbito académico advierten que los estados y comercios no están preparados para implementar reglas tan complejas. Los sistemas de pago, las listas de productos restringidos y la capacitación del personal varían ampliamente, lo que podría generar confusión en las tiendas.
La Federación Nacional de Minoristas anticipa filas más largas y un aumento de reclamos por parte de los beneficiarios que descubran, en el momento de pagar, que ciertos productos ya no están permitidos. "Es un desastre en ciernes de personas rechazadas mientras tratan de comprar alimentos", dijo Kate Bauer, experta en nutrición de la Universidad de Michigan.
A ello se suma el impacto económico: un informe de la Asociación Nacional de Tiendas de Comestibles estima que la adaptación inicial costará 1.600 millones de dólares a los comercios, con gastos adicionales anuales cercanos a los 759 millones. "Castigar a los beneficiarios de SNAP significa que todos pagamos más en la tienda de comestibles", aseguró Gina Plata-Nino, directora de SNAP del Food Research & Action Center.
Las nuevas reglas afectarán a unos 1,4 millones de personas. Cada estado aplicará restricciones distintas: Utah y Virginia Occidental se centrarán en refrescos; Nebraska incluirá bebidas energéticas; Indiana limitará bebidas gaseosas y dulces; e Iowa impondrá el marco más estricto, abarcando incluso ciertos alimentos preparados gravables.
Para algunos beneficiarios, el cambio también tiene un costo emocional. Marc Craig, residente de Des Moines, explicó que la medida dificultará administrar sus 298 dólares mensuales de SNAP y profundizará el estigma al momento de pagar. "Tratan a las personas que reciben cupones para alimentos como si no fuéramos personas", declaró Craig.
Las exenciones tendrán una vigencia inicial de dos años, con posibilidad de extenderse por tres más, y cada estado deberá evaluar sus resultados. Para expertos como Anand Parekh, de la Universidad de Michigan, el riesgo es que la política ignore problemas estructurales. "Esto no resuelve los dos problemas fundamentales, que son que los alimentos saludables en este país no son asequibles y los alimentos poco saludables son baratos y ubicuos", remarcó.
SOBRE EL AUTOR:
Periodista especializada en tendencias y actualidad. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Certificada en SEO y Marketing Digital. Interesada en temas relacionados con tendencia, coyuntura nacional, farándula y más.
