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Protestas se intensifican en Panamá en rechazo por explotar la mayor mina de cobre de Centroamérica

Las protestas en Panamá no dan tregua pues miles de ciudadanos exigen el respeto al medio ambiente tras polémico contrato con minera canadiense.

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En Panamá, ciudadanos marchan en contra de explotar la mayor mina de cobre de Centroamérica | Archivo | GLR

Miles de ciudadanos en Panamá están protestando por un contrato minero que permite a la empresa canadiense First Quantum Minerals operar la mina de cobre más grande de Centroamérica.

El contrato, aprobado por el Congreso y sancionado por el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, ha sido criticado por ambientalistas, grupos indígenas y organizaciones sindicales.

Protestas en Panamá en rechazo para explotar la mayor mina de cobre de Centroamérica

Las protestas comenzaron el 20 de octubre y han continuado durante varios días. Los manifestantes han bloqueado carreteras, lanzado piedras a la policía y protagonizado enfrentamientos con las fuerzas de seguridad del país.

El gobierno ha respondido a las protestas anunciando la suspensión de futuras concesiones mineras. Sin embargo, los manifestantes han rechazado esta medida y exigen la derogación del contrato minero existente.

Ciudadanos piden respeto total al medio ambiente

Las protestas en Panamá son un reflejo del creciente descontento social en el país. Los manifestantes exigen un mayor respeto al medio ambiente, a la equidad social y a la participación democrática.

Finalmente, las personas en Panamá están protestando por un contrato minero que consideran perjudicial para el medio ambiente, la equidad social y la democracia.

Las principales razones de las protestas son:

  • Preocupaciones ambientales: Los manifestantes temen que la mina cause daños al medio ambiente, contaminando el agua y el aire, y destruyendo la biodiversidad.
  • Desigualdad social: Los manifestantes argumentan que el contrato beneficia a las empresas extranjeras en detrimento de las comunidades locales.
  • Ausencia de consulta previa: Los manifestantes denuncian que el gobierno no consultó adecuadamente a las comunidades indígenas antes de aprobar el contrato.
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