Ultimátum al alcalde de La Victoria: Privatización del Mercado de Frutas en riesgo

El Décimo Juzgado Constitucional de Lima ha emitido un ultimátum al alcalde de La Victoria, Rubén Cano, exigiendo que cumpla con la Ley de Privatización del Mercado Mayorista de Frutas. Este fallo beneficia directamente a los comerciantes, quienes están representados por la Asociación de Defensa y Modernización del Mercado Mayorista de Frutas, y llevan más de dos décadas esperando una solución.

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Ultimátum al alcalde de La Victoria

La resolución, emitida el jueves 29 de este mes, otorga un plazo de cinco días hábiles al alcalde y su Concejo Municipal para finalizar el proceso de privatización. Esta privatización permitirá que los comerciantes tomen control del mercado y avancen en la modernización de sus instalaciones, un proceso que ha estado estancado durante años a pesar de las órdenes del Tribunal Constitucional.

El incumplimiento de este mandato ha generado un gran descontento entre los comerciantes del mercado, uno de los centros de abasto más importantes del país. El retraso en la privatización ha impedido el desarrollo de nuevas infraestructuras, como una planta procesadora de pulpa de fruta, que se estima podría generar más de 3,000 empleos, mejorando significativamente la economía local y nacional.

El Dr. Jaime Zegarra, abogado representante de la Asociación, destacó la seriedad de la situación: "El juez constitucional remite los actuados al Ministerio Público para que actúe de acuerdo con sus atribuciones y también puede disponer el inicio del procedimiento disciplinario de funcionarios y servidores públicos ante la entidad que corresponda para su destitución", en referencia al artículo 27° del Código Procesal Constitucional.

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La resolución del Juzgado no solo exige la culminación de la privatización, sino que también advierte de consecuencias legales. De no cumplirse con el mandato, el caso será remitido al Ministerio Público para que inicie las acciones penales correspondientes contra los responsables. Además, se abrirá un proceso disciplinario que podría derivar en la destitución de varios funcionarios.

Este fallo marca un punto de inflexión en la larga lucha de los comerciantes del Mercado Mayorista de Frutas, quienes ven en esta resolución una oportunidad para modernizar sus operaciones y asegurar un futuro más próspero para miles de trabajadores.