El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio del Callao, presidido por el magistrado Marco Aurelio Tejada Ortiz, ha dictado un fallo favorable a la extinción de dominio de cuatro barras de oro que estaban en posesión de Edith Gisela y Lizbeth Yanina Pacori Borda. Este fallo se produce tras determinar que las barras, con un valor superior a 1,3 millones de dólares, fueron adquiridas de forma ilícita, relacionadas con minería ilegal.
PUEDES VER: Hallan 4 cadáveres con vestimenta de mineros en La Rinconada: Policía investiga ajuste de cuentas
Este procedimiento legal busca recuperar bienes obtenidos a través de actividades ilegales como el narcotráfico o la corrupción, y en este caso específico, las barras de oro serán entregadas al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).
La incautación de las barras de oro se llevó a cabo luego de una intervención de control por parte de la administración aduanera. Se confiscaron dos barras de 6.04 kg y una de 5.08 kg, que pertenecían a Edith Gisela Pacori Borda, y otras dos barras de 6.04 kg, presuntamente propiedad de Lizbeth Yanina Pacori Borda. Las investigaciones revelaron que estas barras de oro no solo tenían un alto valor, sino que su adquisición no pudo ser justificada de manera adecuada por las hermanas Pacori Borda.
PUEDES VER: Especialistas advierten que estrategia del Gobierno para sacar adelante Tía María generará conflictos
Las hermanas Edith Gisela y Lizbeth Yanina Pacori Borda iniciaron sus actividades económicas en 2015, registrándose en la Sunat para la venta al por mayor de metales y minerales. No obstante, alegaron no comprar mineral aurífero, aunque los instrumentos de gestión ambiental (Igafom) mostraron información contradictoria. En 2017, firmaron un contrato con Eradio Oscalla Zevallos para la explotación minera en un área de dos hectáreas, lo cual les permitió explotar dicho terreno a un precio muy bajo.
Durante un período de tres años, las hermanas exportaron 343.10 kilogramos de oro, valorados en más de 18 millones de dólares americanos. Este significativo volumen de exportaciones suscitó sospechas sobre la legalidad de su actividad minera. A pesar de su registro formal y la firma del contrato de explotación, la falta de justificación adecuada del origen de su mineral llevó a las autoridades a cuestionar la legitimidad de sus operaciones.
El Poder Judicial del Callao concluyó que existían indicios sólidos que vinculaban a las hermanas Pacori Borda con la minería ilegal. Esta conclusión destaca la importancia de la transparencia en las actividades mineras y la necesidad de un control riguroso para prevenir la explotación de recursos naturales de manera ilegal. El caso subraya el compromiso del Estado en la lucha contra la minería ilegal y la corrupción asociada.
Periodista graduado en Periodismo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Redactor en El Popular. Interesado en temas relacionados con música, historia, cultura, turismo, películas y series.