Congreso aprueba predictamen que permite condenar a adolescentes de 16 años por crímenes graves

El Congreso de la República ha dado un paso significativo en la reforma del sistema de justicia penal con la aprobación de un predictamen que busca condenar a adolescentes de 16 años por delitos graves. Esta medida, aprobada con una mayoría de ocho votos a favor en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, pretende enfrentar con mayor severidad el aumento en la participación de menores en actividades delictivas. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

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¿En qué consiste el predictamen aprobado por el Congreso?

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó un proyecto de ley que permitirá juzgar y encarcelar a adolescentes de 16 y 17 años por delitos graves. La ley modifica el artículo 20 del Código Penal, añadiendo que estos jóvenes serán responsables por crímenes como parricidio, homicidio, feminicidio, y otros delitos graves.

En la misma línea, el documento detalla que el artículo 22 del Código Penal también será ajustado para permitir penas reducidas para estos adolescentes. Además, se realizarán modificaciones en el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, estableciendo que los jóvenes entre 14 y 18 años tendrán derechos y obligaciones especiales, pero enfrentarán responsabilidad penal ordinaria para ciertos delitos.

Las internaciones para adolescentes de 16 y 17 años podrán durar de uno a seis años, y en casos extremadamente graves, como sicariato o violación sexual con muerte, la duración podría alcanzar entre seis y ocho años.

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¿Desde cuándo entrará en vigencia la norma aprobada por el Congreso?

Se recuerda que la norma debe ser debatida en el Pleno y, si se aprueba, deberá ser oficializada por el Ejecutivo a través del Diario Oficial El Peruano. En caso de ser promulgada, el Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 60 días para actualizar el reglamento del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes según las recientes modificaciones.

Durante el mismo período, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú deberán desarrollar la normativa adicional necesaria para garantizar la aplicación efectiva de la nueva ley.