Indignación en Loreto. Conmoción es lo que viene causando el caso de Mila (nombre falso para cuidar su integridad), una pequeña de tan solo 11 años que quedó embarazada tras ser abusada sexualmente por su padrastro y que ahora corre peligro de muerte luego de que el Poder Judicial le negara el aborto terapéutico, además de dejar en libertad a su presunto agresor, quien ahora se encuentra como no habido.
Según pudo conocer América Noticias, luego de conocer el caso, la víctima fue puesta bajo custodia de la Unidad De Protección Especial (UPE) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Sin embargo, pese a que se confirmó su gestación en el Hospital Regional de Loreto, las autoridades le negaron la posibilidad de acceder al mencionado procedimiento médico.
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"Mila en estos momentos cuenta con 18 semanas de gestación y ahorita mismo es necesario que pueda acceder a un aborto terapéutico, al que se le ha sido negado", señaló la abogada del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), Isbelia Ruiz.
Asimismo, reveló que los operadores de justicia dieron insólitos argumentos para rechazar la medida en favor de la niña y exhortó al Estado garantizar los derechos fundamentales de la misma.
"Y los análisis que hacen, el informe final que este espacio da es que Mila aparentemente no corre ningún riesgo en su salud, en su vida. No cuenta que es una niña y tampoco hay ningún riesgo de salud mental que le impida gestar y llevar a cabo un embarazo. Es increíble que tengamos un informe de ese tipo"
"Si la niña está bajo la protección del Estado, ¿quién tiene que garantizar que la niña acceda a sus derechos? El Estado mismo", agregó.
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Por otro lado, la letrada confirmó que el Poder Judicial, además de negarle el aborto terapéutico a la víctima, dejó en libertad al agresor, pese a que fue sindicado por ella misma como el responsable del grave delito.
"El padrastro está libre y es vergonzoso que el Poder Judicial haya dado libertad a una persona, aparentemente, por falta de pruebas de violación, teniendo a la niña embarazada y siendo la misma niña quien ha dicho quién es la persona que la ha violado", agregó Ruiz.
Ante ello, piden a la Corte reconsiderar la prisión efectiva contra el agresor y que el Ministerio de Salud (Minsa) lleve a cabo con urgencia una junta médica para garantizar el acceso del aborto terapéutico en favor de la menor.
Es importante recordar que el aborto terapéutico se despenalizó en 1924 y fue tomado en cuenta por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para solicitar al Estado peruano garantizar los derechos fundamentales de la víctima a través de un comunicado, donde expresaron su profunda preocupación por la respuesta de las autoridades peruanas.
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