Fujimorismo pretende eliminar el aborto terapéutico, pese a poner en peligro la vida de mujeres

Este último martes 14 de junio, la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso, aprobó el proyecto de Ley 1520, que en teoría, "promueve la protección del embarazo, de la madre gestante, del niño por nacer y de su entorno familiar"; no obstante, atentaría contra el acceso al aborto terapéutico, el cual es accedido a mujeres y niñas que llevan una gestación forzada o en riesgo.

La iniciativa fue presentada por la congresista del fujimorismo, Rosangella Barbarán, y fue llevada adelante de manera exprés con 10 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, pese a que no se contó con la opinión técnica del Ministerio de Salud (Minsa) o de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp).

Ante ello, organizaciones sociales que velan por los derechos de las mujeres, como Manuela Ramos y el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), se pronunciaron y rechazaron el texto legislativo que, aseguran, significaría "una criminalización y persecución a las mujeres que tuvieron que acceder a este derecho".

"Miles de niñas son obligadas a llevar a término embarazos que ponen en riesgo sus vidas. Los PL1520 y PL785 restringen el acceso al aborto terapéutico, criminalizan a quienes sufren abortos espontáneos y dificultan la atención en casos de embarazos ectópicos", indicó Manuela Ramos en un pronunciamiento.

Así también coincide, Susana Chávez, directora ejecutiva de Promsex, quien remarcó que la iniciativa de Barbarán abre la posibilidad de que los los embarazos ectópicos no sean atendidos.

"El proyecto también ignora que muchos productos de la concepción se pierden de manera normal. El 60% de embarazos se pierden, entonces en El Salvador, que tienen esta ley que declara la vida desde la concepción de la persona, han declarado que cuando hay pérdida, hay asesinato. Acá también podría darse", aseveró Chávez a La República.

Asimismo, menciona que la congresista del fujimorismo no consideró en su proyecto de ley que las adolescentes y niñas embarazadas que quedaron embarazadas a causa de un abuso sexual, también serían seriamente afectadas. "La Comisión contra la Tortura la denomina (el obligar a las menores llevar el embarazo) como una forma de tortura, entonces es un tema de derechos humanos más amplio", agregó.

Cifras alarmantes

Sobre este tema, la exministra de la Mujer, Gloria Montenegro, enfatizó en los terribles datos que existen sobre menores que quedaron embarazadas y que, después del robo agravado, el abuso sexual es el segundo delito más común en el país.

"En el 2021 hubo 21.846 embarazos de niñas y adolescentes entre 11 y 17 años. […] Hay partidos políticos que nos quieren hacer regresar a la era medieval", sentenció.