Dictan 36 meses de prisión para organización internacional de narcotraficantes

La organización criminal internacional de narcotraficantes, denominaba SIMBI integrada por miembros del Ejército Peruano y un efectivo de la Policía Nacional del Perú, que pretendían enviar más de tres toneladas de cocaína en vuelos desde el VRAEM al extranjero, serán recluidos en un penal de la capital para cumplir los 36 meses de prisión preventiva que les impuso el Poder Judicial.

El Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Lima Norte, formalizó la investigación preparatoria contra 21 presuntos miembros de la organización criminal internacional, por los delitos de tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego, lavado de activos, financiamiento ilegal de partidos políticos y crimen organizado.

Se trata del presunto cabecilla Yover José Auccatoma Leche (a) "Leche", quien se habría encargado de dirigir y controlar las actividades de acopio de droga junto Juan Auccatoma Gavilán (a) "Cabezón".

La medida coercitiva también alcanza a dos miembros del Ejército Peruano, el capitán Frederik Euler Cunto Gamboa (a) "Capi" y Johmer Valdivia Silvera, así como el suboficial PNP Luis Añanca Quique, (a) "Padrino", que prestaban servicios en el VRAEM.

Además, otras 16 personas, entre las que destacan Shamir Freiser Roca Quispe, presunto encargado del transporte de droga; Dalton Najarro Gamboa (a) "Pedro", quien habría administrado y transferido el dinero ilícito de la organización y Harol Arturo Huamán Mendoza, presunto administrador de bares y cantinas donde se habrían comercializado las drogas.

Durante las semana de audiencias, el fiscal antidrogas Jorge Camargo Durán argumentó que a la presunta organización criminaI se le incautó más de 3 toneladas de drogas.

“Los procesados fueron detenidos durante un megaoperativo desarrollado en Lima, Huancayo, Junín, Ucayali, Cusco, Tacna, Ayacucho y la zona del Vraem, lográndose incautar 8 inmuebles y S/ 88 400. En una de las intervenciones se encontró armamento militar, mientras que en otra se incautó —como prueba de lavado de activos— 160 mil dólares al cabecilla de la organización y su hermana”, destacó el representante del Ministerio Público.

La tesis fiscal apunta a que la presunta organización criminal habría acopiado y procesado droga en un megalaboratorio en Vizcatán del Ene. Luego, la transportaría por vía fluvial y terrestre hasta la zona de Atalaya en Ucayali, donde enviarían la mercancía a Bolivia, Argentina y Paraguay en avionetas.

Además, señala que los pagos de la venta de droga se habrían realizado en diversas zonas de Lima Norte y se habrían dedicado a los financiamientos de partidos políticos.