Gobierno entregará 50.000 soles a deudos de las personas asesinadas durante las protestas en Perú

El gobierno de Dina Boluarte anunció que todos los deudos de las personas que fueron asesinadas durante las protestas a nivel nacional, entre el 8 de diciembre de 2022 y 10 de febrero de 2023, recibirán, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), un subsidio de 50.000 soles, mientras que los heridos de gravedad cobrarán 25.000.

La entrega de este apoyo económico fue oficializado a través del decreto de urgencia publicado el 21 de febrero en el diario El Peruano, donde se detalla que la Comisión Multisectorial del Minjusdh será la que determinará los criterios para dar con los civiles y policías lastimados que serán beneficiados con el monto.

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Asimismo, indicó que el subsidio será financiado a través del presupuesto institucional del Ministerio de Justicia y que no afectará a los recursos de adicionales del Tesoro Público. De la misma forma, menciona que este respaldo económico "no tiene implicancia en la determinación de eventuales responsabilidades administrativas, civiles o penales".

Cabe resaltar que, según el registro de la Defensoría del Pueblo, el número oficial de fallecidos durante las protestas en Perú son 60: 59 civiles y un agente de la Policía Nacional.

En tanto, el Ministerio de Salud (Minsa) registró a 1.301 personas heridas de gravedad hasta el último 17 de febrero y 580 efectivos lastimados al 20 del mismo mes.

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Fuero Militar pide prisión preventiva para PNP que renunció por fallecidos

Jhon Robert Torres Yataco, el efectivo que renunció a la PNP tras reportarse las primeras 18 muertes en las protestas en Puno, podría terminar en la cárcel luego del que el Fuero Militar Policial solicitara prisión preventiva en su contra, donde se le acusa de una serie de delitos.

En efecto, según pudo conocer La República, el agente es sindicado de ofender a la presidenta Dina Boluarte al haber abandonado su cargo y no esperar a recibir su pase a retiro para dejar de prestar sus servicios en la institución policial.

En ese sentido, el abogado de Torres Yataco indicó que a su defendido se le imputan tres delitos: desobediencia, ofensas al superior y el de deserción. Por esa razón, piden seis meses de prisión preventiva contra el joven efectivo, quien, el día de la masacre (9 de enero), trabajaba en el aeropuerto Inca Manco Capac de Juliaca.