Amnistía Internacional aseguró que la represión a las protestas en Perú tienen un "sesgo racista"

Las más de 50 muertes a nivel nacional durante las protestas desde diciembre del 2022, han puesto al Perú en los ojos del mundo y Amnistía Internacional emitió un informe sobre todas las pruebas recopiladas por la Defensoría del Pueblo y respecto a ello indicaron que el actuar de las autoridades contra el mismo pueblo responde a "un marcado sesgo racista".

La entidad señaló que la Policía Nacional del Perú atacó a poblaciones que históricamente han sido discriminadas. “Si bien las regiones con mayoría de población indígena representan solo el 13% de la población total de Perú, éstas sufrieron el 80% del total de muertes registradas desde que comenzó la crisis”, escribió la organización.

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El Ministerio de Defensa, como era de esperarse, se lavó las manos y se negó a comentar sobre el informe y le dijo a CNN que la Fiscalía del país, con la que están colaborando, es la encargada de la investigación en curso. “No solo hemos entregado toda la información solicitada, sino que hemos apoyado el traslado del personal (del Ministerio Público) (peritos y fiscales) a la zona para que puedan realizar su trabajo. El Ministerio de Defensa está a la espera de los resultados de las investigaciones", agregó el vocero del Ministerio.

Asimismo, Amnistía Internacional se pronuncio sobre las provincias más convulsionadas. "En un contexto de gran incertidumbre política, las primeras expresiones de malestar social surgieron en varias de las regiones más marginadas del Perú, como Apurímac, Ayacucho y Puno, cuyas poblaciones mayoritariamente indígenas han sufrido históricamente discriminación, acceso desigual a la participación política y han protagonizado una continua lucha por acceder a los derechos básicos a la salud, la vivienda y la educación", escribió Amnistía.

Armas letales

La organización internacional también indicó que las fuerzas policiales utilizaron armas de fuego con munición letales "como uno de sus principales métodos para dispersar manifestaciones, incluso cuando no había riesgo aparente para la vida de otras personas", lo que constituye una violación de las normas internacionales de derechos humanos.

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Asimismo, Amnistía hizo una grave denuncia y señaló que documentó 12 muertes en las que "todas las víctimas parecían haber recibido disparos en el pecho, el torso o la cabeza, lo que podría indicar, en algunos casos, el uso intencional de fuerza letal". Además señalaron que tanto la policía como el Ejército usaron "balas de forma indiscriminada y, en algunos casos, contra objetivos específicos, matando o hiriendo a transeúntes, manifestantes y a quienes brindan primeros auxilios a las personas heridas".

En esa línea, usaron como ejemplo la muerte de John Erik Enciso Arias, un joven de 18 años que era estudiante y falleció el 12 de diciembre en la localidad de Andahuaylas, en la región Apurímac, donde los ciudadanos se habían reunido para observar y filmar las protestas. La muerte de Erik ha sido confirmada por la Defensoría del Pueblo de Perú.

Según Amnistía Internacional, "videos y relatos de testigos presenciales sugieren que varios policías dispararon balas desde la azotea de un edificio frente al cerro ese día. Funcionarios estatales confirmaron a Amnistía Internacional la presencia de policías en la azotea y la organización ha verificado imágenes que muestran que John Erik no estaba usando la violencia contra la policía cuando lo mataron".

“La grave crisis de derechos humanos que enfrenta el Perú ha sido alimentada por la estigmatización, la criminalización y el racismo contra los pueblos indígenas y las comunidades campesinas que hoy salen a las calles ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y a la reunión pacífica, y en respuesta han sido violentamente castigados", dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en un comunicado.