El Gobierno declaró el estado de emergencia por 60 días calendario en cinco establecimientos penitenciarios considerados de alta peligrosidad. La medida alcanza a Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Trujillo Varones.
Una de las principales novedades está en el perímetro exterior de las cárceles: la norma establece restricciones de derechos en un radio de hasta 200 metros alrededor de estos establecimientos.
| Penal | Región |
|---|---|
| Challapalca | Tacna |
| Cochamarca | Pasco |
| Miguel Castro Castro | Lima |
| Ancón I | Lima |
| Trujillo Varones | La Libertad |
Durante la vigencia del estado de emergencia se suspenden o restringen, dentro del perímetro establecido por la norma, derechos vinculados con la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal.
Esto significa que las autoridades podrán establecer controles y medidas de seguridad especiales en los alrededores de los penales.
| Medida | ¿Qué implica? |
|---|---|
| Perímetro de seguridad | Hasta 200 metros alrededor de los penales |
| PNP | Asume el control del orden interno en la zona exterior |
| FF. AA. | Apoyan a la PNP en las labores de seguridad |
| Comunicaciones | Se vigilarán señales de radio y celulares |
| Espacio aéreo | Será objeto de vigilancia alrededor de los recintos |
| INPE | Mantendrá la administración y custodia interna |
El Ejecutivo sostiene que estos cinco establecimientos concentran cerca del 50% de los internos vinculados con organizaciones criminales que operan desde prisión.
La medida llega además apenas un día después de la reunión entre la presidenta Keiko Fujimori, el premier Luis Galarreta, el ministro de Justicia Ernesto Álvarez y el nuevo presidente del INPE, Abraham Lescano.
Según la norma, la Policía Nacional asumirá el control del orden interno en esa franja perimetral con apoyo de las Fuerzas Armadas, que además resguardarán el espacio aéreo y señales de radio y celulares alrededor de las cárceles.
El objetivo anunciado es reforzar los controles y evitar que las cárceles continúen siendo utilizadas como centros de operaciones de organizaciones criminales.
Como parte de las acciones anunciadas, se realizarán controles permanentes para detectar y decomisar celulares, tarjetas SIM y armas.
Los operativos se coordinarán con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE, mientras que las Fuerzas Armadas tendrán funciones de apoyo principalmente en el exterior.
De acuerdo con lo explicado por las autoridades, el apoyo militar estará concentrado en los perímetros externos y no en el interior de los establecimientos.
El INPE continuará a cargo de la administración y custodia dentro de las cárceles.
El exviceministro del Interior Julio Corcuera cuestionó si la medida tendrá un efecto directo sobre los delitos de extorsión que se cometen fuera de los penales.
El especialista señaló que los ataques contra empresas de transporte ocurren principalmente en zonas como el Cono Norte, San Juan de Lurigancho y Villa María del Triunfo, por lo que consideró que el impacto de la declaratoria todavía es difícil de determinar.
La medida, sin embargo, marca el primer paquete de acciones anunciado bajo la nueva gestión del INPE y busca reforzar el control sobre los penales identificados como puntos críticos.
Licenciada en Comunicación y Periodismo. Redactora de actualidad con experiencia en contenido digital, conducción y reportería. Interesada en el periodismo multiplataforma, artes y la comunicación cercana.