
La polémica por el cierre de la playa Agua Dulce enciende el debate en plena temporada de verano 2026. La Defensoría del Pueblo expresó su firme rechazo a la medida dispuesta por la Municipalidad de Chorrillos, que ordenó restringir el acceso a este balneario el domingo 15 de febrero mediante la Resolución de Alcaldía N.° 001-2026-MDCH/ALC.
La entidad defensora exhortó al municipio a garantizar el libre acceso a la playa Agua Dulce, recordando que se trata de un bien de dominio público, de uso libre y gratuito. Además, advirtió que la responsabilidad sobre la limpieza y mantenimiento no puede trasladarse únicamente a la ciudadanía.

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En su pronunciamiento, la Defensoría sostuvo que si bien la protección ambiental y la adecuada gestión de residuos son objetivos legítimos, la restricción total del acceso resulta una medida desproporcionada.
La institución subrayó que antes de optar por el cierre, la comuna debió evaluar alternativas menos restrictivas, que permitan conciliar el cuidado del medio ambiente con el derecho constitucional al uso y disfrute de espacios públicos.
Según el organismo, impedir el ingreso vulnera derechos fundamentales y representa una elusión de la responsabilidad municipal en materia de limpieza pública y gestión ambiental.
El marco legal es claro. El artículo 194 de la Constitución Política del Perú y la Ley N.° 26856 establecen que las playas son bienes inalienables e imprescriptibles, cuyo acceso debe ser garantizado por las autoridades.
Asimismo, el Tribunal Constitucional, en el Expediente N.° 03640-2021-PHC/TC, determinó que no pueden imponerse restricciones arbitrarias o desproporcionadas al acceso y uso de estos espacios públicos.
Además, el artículo 80 de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N.° 27972) señala que es función de los gobiernos locales regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en las playas, así como fiscalizar los elementos contaminantes. Es decir, la gestión de limpieza es una obligación indelegable.
Vecinos de sectores como Vista Alegre de Villa denunciaron acumulación de residuos, situación que —según la Defensoría— respondería a deficiencias estructurales en el servicio de limpieza, como la reducida flota de camiones recolectores.
Para el organismo, cerrar la playa no soluciona el problema de fondo. Por el contrario, evidencia una falla en la planificación y ejecución del servicio municipal.
La Municipalidad anunció que contaría con apoyo de la Policía Nacional del Perú para ejecutar el cierre. Sin embargo, la Defensoría recordó que la fuerza pública debe garantizar el libre tránsito y la seguridad ciudadana, no restringir el acceso a un bien público por causas atribuibles a la gestión municipal.
Ante la alta afluencia de público que registra la playa los domingos de verano, la institución solicitó que la Policía actúe dentro del marco de sus funciones y evite posibles situaciones de confrontación.
La Defensoría exhortó a dejar sin efecto la resolución que dispone el cierre este 15 de febrero de 2026 y a implementar un plan integral de gestión de residuos sólidos en el litoral del distrito.
Entre las medidas propuestas destacan:
Finalmente, la institución advirtió que, de no acatarse sus recomendaciones, evaluará las acciones legales correspondientes frente a eventuales infracciones al ordenamiento jurídico.
El debate está abierto: ¿protección ambiental o vulneración de derechos? Mientras tanto, la playa Agua Dulce se convierte en el epicentro de una controversia que podría sentar precedente sobre el acceso a las playas en el Perú.
Periodista especializada en actualidad y tendencias. Bachiller en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Redactora en Popular. Interesada en temas relacionados con actualidad nacional e internacional, virales en tendencia y más.