
El 14 de agosto de 2024 fue publicada en el diario oficial El Peruano la Ley N.º 32421, que establece un nuevo marco legal para la obtención, recuperación y renuncia de la nacionalidad peruana.
Esta norma deroga la Ley 26574 y fija requisitos más estrictos para quienes deseen convertirse en ciudadanos peruanos, con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos humanos, la seguridad nacional y los intereses esenciales del Estado.
La ley regula las modalidades de adquisición de nacionalidad —por nacimiento o por voluntad—, los procedimientos de doble nacionalidad, distinción meritoria y nacionalidad para deportistas calificados. Asimismo, establece que los trámites son estrictamente personales, salvo casos excepcionales para personas con discapacidad.
Entre los requisitos generales para solicitar la nacionalidad peruana por voluntad, los extranjeros deberán:
Además, no deberán contar con antecedentes policiales, penales ni judiciales vigentes, ni tener alertas internacionales que representen un riesgo para la seguridad nacional.
Toda documentación extranjera debe estar apostillada o legalizada y traducida al castellano por un traductor juramentado.
El procedimiento administrativo tendrá un plazo máximo de 18 meses, ampliable seis meses más en casos excepcionales, y requerirá pago por derecho de tramitación, salvo para deportistas calificados y distinción meritoria.

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Uno de los cambios más relevantes es el requisito económico. Para la naturalización y la doble nacionalidad, el solicitante deberá acreditar ingresos anuales de al menos 10 Unidades Impositivas Tributarias (10 UIT), equivalentes a S/ 52,000 anuales (S/ 4,333 mensuales), provenientes de actividades lícitas y propias que tributen formalmente en el país.
Esta exigencia busca garantizar la autosuficiencia económica y evitar que el nuevo ciudadano dependa de ayudas estatales.
En cuanto al tiempo de residencia, se exige un mínimo de cinco años continuos para la naturalización, y dos años para deportistas calificados y distinción meritoria.
Tras la publicación de la norma, las opiniones han sido diversas. En un recorrido de Canal N por Lince, un ciudadano venezolano con dos años en el país afirmó que la medida es “fuerte” debido a que el salario mínimo y el alto costo de vida dificultarían alcanzar esa cifra, especialmente al cubrir gastos básicos como alquiler y alimentación.
Otros consideran que es lógico que quien busque la nacionalidad se adapte a las reglas locales, comparándolo con “llegar a la casa ajena y respetar sus normas”.
También hubo voces que ven el requisito como alcanzable si se trabaja de manera constante y formal, destacando que la regularización documental beneficiaría no solo al solicitante sino también a su familia. Una opinión común es que la medida podría filtrar solicitudes y prevenir riesgos de seguridad nacional.
Periodista especializada en actualidad y tendencias. Bachiller en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Redactora en Popular. Interesada en temas relacionados con actualidad nacional e internacional, virales en tendencia y más.