Fiscalía inicia investigación por presunto reglaje a Juan Santiváñez tras reportaje de periodístico

El Ministerio Público ha iniciado una investigación preliminar contra la periodista Mónica Delta y el equipo de Latina TV por presunto reglaje al exministro del Interior, Juan José Santiváñez, actual funcionario de Palacio de Gobierno. Esta acción ha generado preocupación en diversos sectores por su posible impacto en la libertad de prensa en el país.

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Fiscalía abrió investigación preliminar

Según informó la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Molina y Cieneguilla, la indagación se extenderá por 60 días y alcanza también a los periodistas Juan Subauste, Carlos Hidalgo y Jorge Ramírez. La denuncia fue presentada luego de la emisión del reportaje ¿Con quiénes se reúne Santiváñez en Palacio?, difundido en Punto Final, donde se mostraron imágenes del exministro y sus desplazamientos.

Santiváñez alega que fue seguido, fotografiado y grabado sin su consentimiento en días previos al reportaje. En su denuncia, responsabiliza directamente a Mónica Delta por no haber supervisado el contenido, lo que —según él— lo expuso a riesgos de seguridad y posibles extorsiones.

El abogado penalista Walter Chinchay cuestionó la decisión del Ministerio Público. “La Fiscalía debió iniciar primero una indagación previa. Este tipo de denuncias deberían archivarse de inmediato si no existen pruebas concretas”, advirtió. También recordó que, según la ley, las investigaciones iniciales están a cargo de la Policía Nacional.

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Para Chinchay, el caso carece de sustento legal sólido. "Las imágenes fueron captadas en espacios públicos, sin técnicas ilegales ni ocultas. No hay indicios de un delito ni pruebas de que haya existido una organización criminal", sostuvo, subrayando que este tipo de denuncias podrían constituir una forma de intimidar al periodismo.

Además, el jurista recalcó que Santiváñez, al ser un personaje público y alto funcionario, está sujeto a un mayor nivel de escrutinio, como establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Los funcionarios deben tolerar una fiscalización más intensa sobre sus actos”, explicó.

Finalmente, remarcó que el reportaje de Punto Final cumple con los principios del ejercicio periodístico: interés público, transparencia y legalidad. “Intentar usar el sistema penal para silenciar a periodistas es un precedente sumamente peligroso para la democracia”, concluyó.