El Poder Judicial de Lima ordenó 36 meses de prisión preventiva para 12 presuntos integrantes de la organización criminal "Los Bravos del Sur", que se dedicaban al robo de vehículos y a extorsionar con dinero a los dueños para devolverles sus unidades, en caso contrario los desmantelaban y vendía sus partes en el mercado negro de San Jacinto.
El juez Ubaldo Callo Deza, dispuso esta medida para el presunto cabecilla de la organización criminal Carlos Esteban Hinostroza Agreda (a) "Sagui", Edman Elmer Cardenas Cosme, Ricardo Jonny Hinostroza Agreda, Clemente Quispe Ramos, Arturo Panta Cuadros, Pedro Alejandro Esquivel Quiroz, Antonio César Donayre Tello, Hames Antonio Reyes Vásquez, Max Tonny Fernández Quispe, Jerson Jesús Salcedo Fernández, Ernesto Juan Delzo Rivera y Eddy Leonel Cornejo León (reo)
Sin embargo, el magistrado del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dispuso comparecencia con restricciones contra los investigados Carina Victoria Narvasta Ojeda y Jorge Luis Jacobo Castilla por el delito de organización criminal.
Además deberán cumplir varias reglas de conducta, como no podrá ausentarse de su vivienda sin autorización previa al juzgado, deberá acudir cada 30 días al despacho fiscal que investiga su caso a fin de justificar sus actividades y a toda diligencia ordenada por el Ministerio Público y a las citaciones de audiencia que haga el Juzgado, está prohibida de concurrir a talleres de mecánica automotriz y tener actividades relacionadas al control de vehículos motorizados y se le obliga al pago de una caución económica de 5 mil soles que deberá abonar en el Banco de la Nación en un plazo de cinco días.
De acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público, esta organización criminal habrían robado más de 50 vehículos entre el 2019 y 2021, siendo los autos de marcas comerciales eran los principales objetivos debido a su alta demanda en el mercado negro.
Además, los miembros de esta red criminal, hurtaban vehículos que luego eran escondidos en talleres de propiedad de algunos de los investigados, donde eran desmantelados y, posteriormente, distribuidos y vendidos como autopartes en el mercado informal de San Jacinto y otros.
Los miembros de esta organización criminal, también se encargaban de llamar a los propietarios de las unidades hurtadas para exigirles el pago un monto de dinero a cambio de la devolución de estas.
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