Luego de que se dieran a conocer los recientes casos de abuso sexual contra menores en el país, como el ocurrido contra una menor de 3 años en Chiclayo, el gobierno de Pedro Castillo anunció que desde el Poder Ejecutivo vienen evaluando la posibilidad de plantear al Congreso aplicar la castración química para los violadores.
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Sin embargo, dicha propuesta despertó un intenso debate sobre el tema. Por ejemplo, para la abogada y exministra de la Mujer, Rosario Sasieta, esto no solucionaría el problema de fondo además de tener un costo muy alto. "No impide que el agresor o depredador sexual pueda seguir violando, (ya que) no se necesita el miembro viril para constituir un delito de violación. (Además) tiene un costo muy alto", señaló en América Noticias.
En ese sentido, la también abogada indicó que un camino para reducir los casos de violación sería tener el "registro de agresores que solamente lo manejaría el Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía".
"Otra alternativa sería la construcción de cámaras Gesell, lo necesitamos a gritos, necesitamos que los procesos judiciales se aceleren y no se está acelerando porque (en) la cámara Gesell tienen turnos y a cada cinco meses", agregó.
De la misma manera, el médico urólogo y exministro de Salud, Alberto Tejada, rechazó el posible planteamiento del Gobierno y coincidió con Sasieta en que tiene un valor muy alto. "Se usan medicamentos que contrarrestan la función de la hormona testosterona producida por los testículos. Como todos sabemos, esta hormona tiene que ver con el impulso sexual con el deseo, con la energía", mencionó en extitular del Minsa.
"Lo complicado, a mi juicio, es el costo y a su vez la vigilancia de que los medicamentos lleguen en (buenos) términos dentro de un penal con una logística muy complicada. (La medida) no es suficiente, porque el desequilibrio lo puede tener en la cabeza y, de hecho, el bajar el alivio no los desenfoca de esta patología que requiere de una evaluación psiquiátrica y de un tratamiento especializado en salud mental", sentenció Tejada.
Como se sabe, la iniciativa del Gobierno se da, sobre todo, tras el secuestro y violación de una pequeña de 3 años en Chiclayo, cometido por Juan Antonio Enríquez García (46). Según especialistas, el hombre de 46 años podría ser sentenciado a cadena perpetua.
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