Leonidas Casas Marmolejo, juez de paz del centro poblado de San Miguel del Ene, en el VRAEM, y una de las primeras autoridades en llegar a la zona donde asesinaron a 16 personas, entre ellos cuatro menores, cuestionó los diversos comunicados "oficiales" de las autoridades que confirmaban una autoría sin siquiera haber pisado el lugar y entrevistado a los familiares de las víctimas.
“Cómo es posible que el Comando Conjunto afirme una autoría del asesinato de las 16 personas, cuando nunca nos han visitado, no se han tomado la molestia de conversar con la población. Prácticamente San Miguel del Ene está olvidado por las autoridades y el Estado”, manifestó el juez a La República.
La autoridad contó que al momento de recibir la información sobre la masacre en el poblado de Chimpinchariato, se trasladó rápidamente hacia el lugar y encontró a las 16 víctimas asesinadas a sangre fría donde algunos cuerpos se encontraban irreconocibles al ser incinerados por los atacantes; dificultando su rápida identificación.
Como se recuerda, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas emitieron un comunicado solo unas horas después atribuyendo el asesinato a elementos de Sendero Luminoso, pese a que en la zona opera el llamado Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP), encabezado Víctor Quispe Palomino, camarada “José”.
Por su lado, la Dirección contra el Terrorismo de la Policía (Dircote), el ataque realizado el domingo 23 de mayo fue ordenada por el camarada "Carlos", un un mando militar del MPCP a órdenes del camarada “José".
De acuerdo con el juez Casas, los bares clandestinos donde ocurrieron los atentados funcionaban desde hace dos meses en Chimpinchariato, tras haber sido alejados del centro poblado.
Según pudo conocer el medio citado, en dicho local no solo se ofrecía bebidas alcohólicas, sino también se habría estado ejerciendo la prostitución y la acción cometida por el MPCP sería parte de una "operación de limpieza" de los malos hábitos en la zona.
“La muerte de las 16 personas, entre ellos menores de edad, nos ha sorprendido enormemente. Desde que llegué aquí hace 30 años a San Miguel del Ene, nunca ha habido esta clase de muertes, más aún si se trata de niños. ”, indicó el juez de paz con consternación asegurando que San Miguel del Ene es una zona víctima del abandono del Estado.
“Primero investiguen antes de ponerse a hablar”, concluyó.
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