La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró en diversas oportunidades que, de ganar la segunda vuelta de las Elecciones 2021, una de las primeras acciones que hará será llevar a cabo el indulto a su padre, Alberto Fujimori, hoy cumpliendo una sentencia de 25 años por delitos de lesa humanidad.
Según recordó el periodista César Romero de La República, una posible gracia presidencial en favor del exdictador podría dejar en la impunidad el caso de las esterilizaciones forzadas y, además, recibirá el derecho de gracia para archivar todos los casos pendientes que tiene en su contra.
De hacerse efecto la libertad del exmandatario, podría dejar en el aire el acuerdo de “Solución Amistosa” que el Perú firmó con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para diversos casos como el de María Mamérita Mestanza Chávez, una de las víctimas de la ligadura de trompas.
Según señala el compromiso, “El Estado peruano se compromete a realizar una exhaustiva investigación de los hechos y aplicar las sanciones legales contra toda persona que se determine como participante de los hechos, sea como autor intelectual, material, mediato u otra condición, aunque en el caso de que se trate de funcionarios públicos, sean civiles o militares”.
"En ese sentido, el Estado peruano se compromete a realizar las investigaciones administrativas y penales por los atentados contra la libertad personal, la vida, el cuerpo y la salud y, en su caso, a sancionar a los responsables de los actos de vulneración del derecho al libre consentimiento de la señora Mamérita Mestancia Chávez, para que se sometiera a la ligadura de trompas”, señala el pacto.
Dicho acuerdo fue firmado en el año 2003 y en el 2017 la CIDH exhortó al Gobierno peruano cumplir con el compromiso firmado, la cual dispone investigar, juzgar y sancionar a los responsables de esta medida aplicada en el régimen fujimorista.
En octubre del 2020, el Tribunal Constitucional remarcó que el Perú debe dar cumplimiento al acuerdo e instó al Poder Judicial iniciar el proceso judicial tras 20 años de los hechos.
De acuerdo a María Elena Carbajal, de la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (Ampaef), el caso de las esterilizaciones forzadas vienen siendo investigadas durante casi 24 años, en la que más de 1300 mujeres peruanas denunciaron haber sido víctimas de esta medida durante el gobierno de Alberto Fujimori, entre 1990 y 2000.
“Es algo de lamentar que durante 24 años han pasado fiscales, ministros, presidentes y no haya una voluntad para poder atender esa responsabilidad que el Estado peruano tiene hacia ustedes”, mencionó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes llegaron al país por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado.
Al igual que Fujimori y sus exministros, también serán denunciados otros ex altos funcionarios como Segundo Henry Aliaga Pinedo, Enrique Octavio Marroquín Osorio, Magda Isabel Gonzales Carrillo y Ulises Jorge Aguilar sobre el caso de Mamérita Mestanza.
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