Fiscalía interviene local del Minsa por investigación en compra de mascarillas
Junto a la DIVIAC, la fiscalía ingresó a la cede del CENARES por una presunta irregularidad en la compra de estos implementos.
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La Fiscalía ingresó a la cede del CENARES por una presunta irregularidad en la compra de las mascarillas N95
Representantes del Ministerio Público dirigido por el fiscal adjunto Jhonny Fajardo y agentes de la Policía Nacional, intervinieron el local del Centro de Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES), adscrito al Ministerio de Salud (Minsa), como parte de la investigación preliminar por presuntas irregularidades en la compra de 1 millón 257 mil 900 mascarillas N-95
Fajardo, de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, fue quien acudió a la entidad ubicada en el distrito de Jesús María, para obtener documentación referente a la investigación preliminar, debido a que estos oficios no fueron enviados oportunamente a la Fiscalía por la falta de implementación de canales de atención en el CENARES.
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Además, luego de los 30 días desde la orden de la compra, no se registró al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), la regularización del proceso de contratación, conforme lo exige la norma.
La investigación viene estando a cargo por el fiscal provincial anticorrupción, Andrés Montoya, por el delito de colusión y está basada en un informe de la Contraloría General de la República, en la menciona que los productos señalados, solicitados a la empresa PMI Médica S.A.C. tenían un valor de S/ 19.60 cada una, mientras que la cotización de otra empresa china era de S/ 16.18.
En 120 días acaba el plazo de la investigación para determinar quienes son los responsables, contados desde el 6 de abril, cuando se programó el inicio de las diligencias preliminares. La Fiscalía indicó que cuentan con información de que la compra fue cancelada y los motivos se encuentran en investigación.
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De acuerdo a la Contraloría, el CENARES iba a desembolsar 24 millones 654 mil 840 soles, lo cual representaba un perjuicio para el Estado por más de 4 millones de soles.