Las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios de turno a nivel nacional, investiga contra 10 funcionarios y servidores de diferentes municipalidades de todo el país, por las presuntas irregularidades en la entrega de canastas de víveres y en el bono de 380 soles que fue otorgado por el Gobierno para las personas más afectados por la emergencia nacional ante el Covid-19.
Esta información fue dada a conocer por el Coordinador Nacional de dicho subsistema del Ministerio Púbico, Omar Tello Rosales.
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Los funcionarios o servidores son investigados debido a que sus familiares o allegados figuran en el padrón de beneficiarios del bono inicial de 380 soles otorgado por el Gobierno Central.
Se trata de las municipalidades provinciales de Andahuaylas (Apurímac), Ilo (Moquegua) y las municipalidades distritales de Talavera (Apurímac), Acochaca (Asunción-Ancash), Ascensión (Huancavelica) y Tantarica (Contumazá-Cajamarca).
Asimismo, en torno a las supuestas prácticas ilícitas durante la compra y entrega de canastas de víveres para las personas de escasos recursos, figuran la municipalidad provincial de Nauta (Loreto) y las municipalidades distritales de Salitral (Morropón-Piura), San Juan Bautista (Maynas-Loreto) y San Pedro de Chana (Ancash).
En las dos primeras se habría producido una presunta sobrevaloración en la adquisición de los productos de primera necesidad para la canasta de víveres de emergencia.
Mientras que el tercer caso se trata de la distribución de menor cantidad de víveres de los que figuraban en las actas de entrega; mientras que el último caso es por la supuesta entrega de canastas de alimentos a los familiares de una regidora.
Estos casos están tipificados como delitos de peculado de uso, peculado doloso, cobro indebido o colusión agravada, por lo que la Fiscalía viene programando diversas diligencias y pesquisas conjuntamente con la Policía Contra la Corrupción (Dircocor) y la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), a fin de identificar e individualizar a los que resulten responsables.
Desde el 17 de marzo hasta ayer, el turno de emergencia que vienen cumpliendo más de 150 fiscales Anticorrupción en todo el país ha permitido abordar un total de 64 denuncias de presuntos casos de corrupción, entre los que figura el reciente caso de presunta sobrevaloración en la compra de 35 ventiladores mecánicos para el Hospital de Emergencias Covid-19 de Ate Vitarte.
También figuran denuncias contra efectivos policiales que habrían solicitado una coima para retirar la infracción impuesta a conductores de vehículos e incluso para otorgar salvoconductos.
El reporte general muestra asimismo otros casos en los que funcionarios o servidores públicos habrían hecho uso indebido de los vehículos y otros bienes pertenecientes al Estado siendo incluso, en algunos casos, encontrados conduciendo en estado de ebriedad en plena orden de aislamiento social.
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Cabe precisar que, además de dichas investigaciones de los casos en flagrancia o de mayor urgencia, los fiscales anticorrupción vienen realizando acciones de prevención, mediante visitas inopinadas y videollamadas de exhortación a los 1874 municipios que recibieron 213 millones 650 mil soles para adquirir y distribuir canastas de víveres a la población más vulnerable.