En un solo día, el Tribunal Constitucional ordenó la liberación de Keiko Fujimori y un fiscal mandó al archivamiento la investigación que se le seguía a Pedro Chávarry por el deslacrado de una oficina en la Fiscalía de la Nación.
El fiscal Reynaldo Abia, de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, resolvió que el extitular del Ministerio Público ya no sea investigado por la irrupción en una oficina lacrada por el fiscal José Domingo Pérez.
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Pero Chávarry no era el único investigado, ya que las pesquisas también alcanzaban a su exasesora, Rosa Venegas, Aldo León Patiño, Juan Manuel Duarte, Max Ulises Aranda, Juan Esteban Asmat, César Sandoval Pozo, Arturo Benavente Días y Marco Antonio Elaluf Chinchay.
Todos ellos eran investigados preliminarmente por haber incurrido en los presuntos delitos contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo propio, esto, después de que ingresaran irregularmente a la oficina que había sido lacrada por el fiscal del Equipo Especial del Caso Lava Jato, José Domingo Pérez.
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Según indicó el fiscal Reynaldo Abia en su resolución, los "indicios que corroborarían que en el hecho acontecido el 5 de enero del 2019 se habrían cometido los delitos de destrucción de envolturas, sellos o marcas puestas por la autoridad, y encubrimiento real, por lo que, en este extremo deberá ser el fiscal provincial penal común competente quien se pronuncie conforme a sus atribuciones”.
Sin embargo, un punto que llama la atención, es la responsabilidad que se les atribuye a dos agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional. Según Abia, ellos son los culpables por no haber resguardado “debidamente” la puerta de la oficina.
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