Aprueban creación de registro de agresores sexuales de menores de edad

El registro de agresores sexuales, de menores de edad que tengan sentencia condenatoria por tal delito, fue aprobado por iniciativa del parlamento andino. Proyecto presentado por el parlamentario Mario Zúñiga Martínez dio a conocer al Pleno de su institución que se recomienda a los gobiernos de los países del bloque establecer esta medida.

“La iniciativa aprobada recomienda a  los Estados miembros del Parlamento Andino, entre ellos el Perú, la creación del Registro de Agresores Sexuales Condenados y/o Sentenciados, contra Niños, Niñas y Adolescentes, con el propósito de contar con bases de datos actualizadas con los datos de sentenciados  por este tipo de  delitos  para prevenir estos execrables hechos que dañan terriblemente a nuestra sociedad”, expresó Mario Zúñiga Martínez.  

LEA MÁS:  Poder Judicial ordenó prisión contra un profesor de catequesis acusado de violar a una menor

50 % DE REINCIDENTES

Zúñiga dijo que aunque es verdad que los agresores sexuales tienen derecho a resocializarse,  también es verdad que más del 50 % vuelve a reincidir, por lo que tenerlos lejos de nuestros niños es crucial.  

Indicó que países latinoamericanos como Argentina, Uruguay, Chile, Guatemala y México ya cuentan con este tipo de registro que busca prevenir y obstaculizar que estos sujetos se acerquen a nuestros hijos.

20 MIL VÍCTIMAS

“De acuerdo a cifras del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público y de fiscalías en todo el país, en los últimos tres años, en el Perú   20 mil 441 menores de edad fueron víctimas de abusos sexuales,  de esa cantidad  2.264 niñas, menores de 10 años, fueron ultrajadas por agresores sexuales y 50 niñas dejaron de existir. Hay que enfrentar este flagelo sin contemplaciones porque las cifras son realmente escalofriantes ”, concluyó el parlamentario andino Mario Zúñiga Martínez.

MIRE TAMBIÉN: Poder Judicial: menor que participó en violación grupal de hermanas en Puente Piedra a Maranguita

En julio del 2018, el gobierno peruano observó la ley ley que crea registro de agresores sexuales aduciendo que se afectaba  la protección de datos personales  y el derecho a la resocialización de los condenados.