Hecha la ley, hecha la trampa. Una serie de reglas secretas del FBI permiten al organismo espiar fácilmente a periodistas y obtener sus agendas telefónicas sin necesidad de una orden de un juez, de acuerdo a documentos obtenidos por el semanario The Intercept.
Estos documentos muestran que el Buró de Investigaciones debe solamente presentar una carta a la Seguridad Nacional, y recibir la habilitación del consultor general del FBI y del vice director ejecutivo de la División Seguridad.
En la práctica, el FBI sólo debe demostrar que la consulta de la agenda de contactos del hombre de prensa es relevante para una investigación de seguridad nacional pues peligra la integridad de los ciudadanos.
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Los casos en los que más se han vulnerado los derechos de las comunicaciones de los periodistas se dan en casos de terrorismo y contra espionaje y de secretos de guerra.
Todo esto se facilita aún más si el periodista en cuestión es sospechoso de ser un espía o de formar parte de una red de medios de prensa “asociada a un servicio de Inteligencia extranjero” o de “actuar por cuenta de una potencia extranjera”.
Muchos hombres de prensa han visto vulnerados sus derechos y han sido expuestos ante sus contactos, perdiendo credibilidad y fuentes de trabajo.
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