Cofopri: Estado podría desistir de juicios y formalizar viviendas informales, según proyecto de ley

El Gobierno ha publicado el proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N.° 31056, marcando un hito histórico en la gestión del suelo urbano en el país. Esta propuesta normativa permitiría al Estado desistir de procesos judiciales y constitucionales vinculados a desalojos, siempre que exista viabilidad técnica y legal para formalizar predios ocupados por familias con viviendas consolidadas.

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Estado dejará de litigar cuando sea viable formalizar

“Esta decisión marca un giro sustancial en la gestión del suelo urbano. Por primera vez, se establece un procedimiento claro para que las entidades públicas dejen de litigar contra la realidad física que se observa en muchas posesiones informales donde existen miles de viviendas consolidadas ubicadas en terrenos del Estado”, señala el documento oficial.

El proyecto adecúa el reglamento de la Ley N.° 31056 a lo dispuesto por la Ley N.° 32267, estableciendo el 31 de diciembre de 2021 como la fecha límite para que las posesiones informales puedan ser incluidas en procesos de formalización. Esto aplica tanto a terrenos de propiedad estatal como privada, siempre que cumplan con los requisitos técnicos y legales correspondientes.

Cofopri asume un rol clave como autoridad técnica

Uno de los ejes más relevantes del reglamento es el fortalecimiento del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), que reafirma su rol como entidad técnica especializada y articuladora del Estado. Lejos de actuar solo como ejecutor, tendrá capacidad para liderar intervenciones complejas y colaborar con procuradurías, gobiernos locales y otras entidades para facilitar procesos de formalización.

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Asimismo, se incorpora un avance importante, la prevalencia de la información gráfica elaborada por Cofopri sobre registros incompletos o inexistentes. Esto permitirá superar trabas históricas, como errores en planos o vacíos registrales, agilizando así la inscripción de títulos de propiedad.

Además, se anunció que se abrirán canales de participación ciudadana para recoger comentarios, observaciones y sugerencias de la población organizada. El objetivo es perfeccionar el marco normativo y garantizar que la formalización responda a las verdaderas necesidades de las familias peruanas.