UNIVERSIDAD PERUANA cerrará sus puertas por no conseguir el licenciamiento: ¿De cuál se trata?

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) se encarga de hacer cumplir los requisitos que necesita una institución para seguir operando. Ahora, la Universidad Privada San Carlos (UPSC), con sede en la región Puno, está en la etapa final de su proceso de cierre definitivo, luego de que se le denegara su licenciamiento institucional.

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El cese definitivo será el próximo 30 de agosto del 2025, tras cumplirse con el plazo legal otorgado para el retiro ordenado de sus actividades académicas. Desde el año 2006, la UPSC ha ofrecido programas de pregrado de las carreras como Derecho, Contabilidad y Finanzas, Ingeniería Ambiental y Enfermería.

¿Qué fallas detectó la Sunedu a la UPSC?

En el 2020 la Sunedu estableció que la casa de estudios no cumplía con las condiciones básicas exigidas por la Ley Universitaria, por lo que se estableció la negación de su licencia. A pesar de que tuvieron intentos de adecuación, la institución no logró revertirlo, ni tampoco presentar un plan de mejora aceptable.

El informe técnico elaborado por la entidad señala las múltiples deficiencias en áreas clave de la gestión institucional. Entre las observaciones más importantes destacaba la falta de instrumentos adecuados de planificación, deficiencias en los sistemas de aseguramiento de la calidad académica y procedimientos de admisión poco claros, que generaban incertidumbre entre los postulantes.

Agregado a ello, la universidad presentó problemas de infraestructura que prometían la seguridad de los estudiantes y docentes. Además, se detectaron que las aulas no estaban en condiciones inadecuadas, ambientes con problemas de aforo, deficiencias en el servicio médico y una biblioteca que no atendía durante todo el horario académico.

La Sunedu también sancionó a la UPSC con una multa superior a 600 mil soles por operar locales no autorizados en las ciudades de Juliaca e Ilave. En el ámbito docente, la institución no pudo demostrar que todos sus profesores contaban con los grados académicos requeridos, como maestrías o doctorados, tampoco que los procesos de selección se realizaban bajo criterios de transparencia y calidad.