Abogado denuncia posible conflicto de interés en proceso judicial en Áncash

La imparcialidad judicial es uno de los pilares esenciales de la administración de justicia. Cuando esta se pone en duda, se debilita la confianza ciudadana en el sistema legal. Bajo esta premisa, el abogado Guhan Policarpo Santillán ha denunciado un presunto conflicto de interés en un caso de desalojo que se tramita en la Primera Sala Civil del Poder Judicial del Santa, en Áncash.

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El proceso en cuestión se refiere a la disputa por la posesión de un terreno ubicado en el distrito de Moro. Según sostiene Policarpo Santillán, el juez superior Williams Vizcarra Tinedo, quien preside dicha sala, mantiene una estrecha relación de amistad con Alejandro Araujo Sarrín, abogado defensor de una de las partes involucradas en el litigio.

Ambos, según la denuncia, fueron compañeros de estudios en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo, egresando de la misma promoción (1982-1988), sección A. Vizcarra Tinedo figura como el número 65 de la lista, mientras que Araujo Sarrín aparece como el séptimo. Esta cercanía académica es, para el denunciante, un factor que debería motivar la inhibición del magistrado.

“El artículo 5 del Código de Ética del Poder Judicial es claro: un juez debe mantener la imparcialidad tanto en su conducta como en la toma de decisiones”, señaló Policarpo Santillán. Además, advirtió que la continuidad del magistrado en el proceso podría sembrar dudas sobre la objetividad de las resoluciones emitidas.

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El abogado resaltó que, en aras de la transparencia y la credibilidad institucional, el juez Vizcarra Tinedo debería apartarse del caso. “No se trata de acusaciones personales, sino de proteger el debido proceso y la imagen del Poder Judicial frente a la ciudadanía”, agregó.

Hasta el momento, el juez implicado no ha emitido declaraciones públicas sobre la denuncia. Sin embargo, la controversia ya ha encendido el debate sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de control y autorregulación dentro del sistema judicial, para prevenir casos donde la apariencia de parcialidad pueda socavar la justicia.