Juan José Santiváñez pierde los papeles y se niega a pasar por peritaje de voz ante la Fiscalía

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se negó a someterse al peritaje de voz solicitado por la Fiscalía en el marco de la investigación por presuntos audios comprometedores. Esta decisión ha generado controversia y cuestionamientos sobre su transparencia y disposición a colaborar con la justicia. ​

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La Fiscalía había programado la toma de muestra de voz de Santiváñez para el 27 de febrero, con el objetivo de comparar su voz con la de los audios filtrados en los que supuestamente conversa con el capitán PNP Junior Izquierdo, alias 'Culebra', sobre presuntas irregularidades en el sector Interior. ​

Sin embargo, el ministro anunció que no asistiría a la diligencia, argumentando que había presentado una tutela de derechos ante la Corte Suprema solicitando la acumulación de las carpetas fiscales en su contra y que ya había una audiencia programada para evaluar su pedido. Santiváñez calificó de "absolutamente ilegal" la decisión de la fiscal de la Nación de continuar las investigaciones por separado y afirmó que no convalidaría "actos nulos".

Esta postura ha sido interpretada por algunos sectores como una falta de colaboración con la justicia y ha incrementado las críticas hacia su gestión. Además, se ha cuestionado su capacidad para liderar el sector Interior en medio de estas acusaciones. ​

En paralelo, el Congreso ha aprobado una moción de interpelación contra Santiváñez, citándolo para responder a un pliego de preguntas relacionadas con los audios filtrados y otras controversias en su gestión. La interpelación está programada para el 2 de octubre. ​

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La negativa del ministro a someterse al peritaje de voz y las acusaciones en su contra han generado preocupación en diversos sectores sobre la transparencia y el compromiso del Gobierno en la lucha contra la corrupción y el respeto al estado de derecho. ​

Mientras tanto, la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil se mantienen atentas al desarrollo de estos acontecimientos, exigiendo una investigación imparcial y una respuesta contundente por parte de las autoridades competentes. ​

La situación actual plantea interrogantes sobre la estabilidad del sector Interior y la confianza en las instituciones encargadas de velar por la seguridad y el orden público en el país.