Dina Boluarte podría afrontar 20 años de prisión por muertes en protestas una vez que deje el gobierno
Los más de 50 fallecidos durante las protestas en Perú podrían pasarle factura a la jefa de Estado y la misma suerte podría correr el premier Alberto Otárola, según abogado penalista.
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La presidenta de la República, Dina Boluarte, podría enfrentarse a una pena de 20 años de prisión una vez que culmine su gobierno ante las más de 50 muertes durante las masivas protestas en Perú y la misma suerte correría el actual jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola.
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Así lo estimó en diálogo con La República el abogado penalista Andy Carrión, quien señaló que no hay país que tenga un Estado de derecho y permita el asesinato de ciudadanos durante una convulsión social.
"60 muertos en el transcurso de la protesta, desde que se iniciaron. En ningún Estado normal de derecho puede uno permitirse tener tantos muertos. Eso ya es violar los derechos fundamentales de las personas y de un grupo social. No se están resguardando los derechos fundamentales de las personas. Obviamente, se tienen que investigar cada una de esas muertes. (…) El Gobierno no ha sido respetuoso con los derechos humanos", indicó el letrado.
Asimismo, menciona que Boluarte Zegarra tiene responsabilidad por los asesinatos ocurridos en los enfrentamientos por ser la mayor representante del poder en el Perú. En ese sentido, explicó que así la mandataria no haya ordenado los crímenes, aún así tiene injerencia.
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Ello, por "no haber tomado medidas concretas para revocar los resultados lesivos" de las diferentes respuestas policiales.
"Estoy absolutamente convencido (que una vez que deje la presidencia, tendrá que responder ante la justicia) porque las imputaciones que se hacen contra la presidenta y el primer ministro no son a raíz de que ellos han estado presentes en los disturbios y que ellos han disparado, esa no es la forma de imputación", sostiene.
"También lo hizo Fujimori"
"Esto se hizo con Alberto Fujimori, ellos manejan el aparato estatal, ellos toman las decisiones sobre un aparato organizado de poder, ellos no necesitan estar en el lugar de los hechos, ellos bien pueden dar lar órdenes de reprimir las manifestaciones o, en segundo lugar, cabe la posibilidad de que los policías se estén excediendo en el uso de la fuerza. Se tendrían que tomar las medidas para revocar el uso desmedido de la fuerza. Esa orden no la ha dado", agregó.
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