Indecopi multa a Real Plaza y Oechsle tras muerte del ciudadano Álex Gensollen

¿Se hizo justicia? Mediante un comunicado, Indecopi, dio a conocer que impuso una multa de 237.820 mil soles a las empresas Real Plaza Primavera y Oechle por el accionar indebido del personal de seguridad que contrataron y el lamentable fallecimiento del ciudadano Alex Gensollen, en setiembre del 2021. Este hecho ocurrió en el centro comercial del distrito de San Borja.

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El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, llegó a esta decisión de 51.7 Unidades Impositivas Tributarias, debido a que Real Plaza como Oeschle no respetaron el artículo 25 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, mismo que habría generado un riesgo injustificado a la seguridad de los consumidores.

¿Cuáles fueron las medidas correctivas de Indecopi?

“Para evitar que los hechos vuelvan a ocurrir, la Comisión ordenó a las empresas que, además de contratar los servicios de empresas de seguridad autorizadas, garanticen que dicho personal reúna el perfil necesario para el cumplimiento de sus protocolos o procedimientos de actuación en casos de situaciones que perturben el orden, es decir, que cuenten con capacidad física y psicológica para realizar una contención adecuada cuando corresponda”, se logró leer.

¿Qué podrían hacer estas empresas tras recibir la multa de 51.7 UIT?

“A la fecha, las empresas que se encuentran dentro del plazo legal para presentar recurso de apelación contra dicha sanción ante la Sala Especilizada en Protección al Consumidor del Indecopi, segunda y última instancia administrativa de la institución”, aseguró el organismo público, autónomo y especializado del Estado Peruano.

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¿Qué pasó con los agentes implicados en el caso Álex Gensollen?

El pasado jueves 28 de octubre del 2021, la madre del fallecido en los exteriores de la tienda Oeschle, reveló que los cinco agente de seguridad obtuvieron la prisión preventiva y saldrían de penal de Piedras Gordas bajo comparecencia restringida. Esta orden dio un giro a la tipificación del delito y la encargada habría sido la jueza Silvia Maritza Villa Rodríguez.

Familia pide justicia

Los familiares denunciaron que pese a las contundentes pruebas presentadas durante la investigación, el proceso ha tenido cuestionamientos: desde apartar a uno de los implicados e, incluso, liberarlos en noviembre del año pasado y aunque esta última medida fue revocada, permitió que dos de los agresores se dieran a la fuga. Hasta el día de hoy, ellos exigen justicia.