Pedro Castillo confirma demanda ante el TC contra ley que limita el referéndum: "Es antidemocrática"

El mandatario se pronunció en sus redes sociales y aseguró que la norma aprobada de insistencia por el Congreso "atenta contra la voluntad popular".

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Pedro Castillo mencionó que desde el Gobierno no permitirán la vulneración de la participación política de los peruanos.
Pedro Castillo mencionó que desde el Gobierno no permitirán la vulneración de la participación política de los peruanos.Crédito: Presidencia Perú

Luego de que el Congreso aprobara el dictamen de insistencia de la autógrafa de ley que limita el referéndum, el presidente de la República, Pedro Castillo, se pronunció en sus redes sociales y anunció que acudirán ante el Tribunal Constitucional para que dicha norma sea observada, ya que, asegura, es antidemocrática e inconstitucional.

“El Congreso, con el objetivo de atentar contra la voluntad popular, aprobó una ley que mutila el derecho al referéndum y que reclama una Asamblea Constituyente. Como Gobierno, recurriremos al Tribunal Constitucional en vista de que esta ley es antidemocrática e inconstitucional”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Asimismo, mencionó que desde el Poder Ejecutivo no permitirán la vulneración de la participación política de los peruanos y ser sometidos “a merced del parecer único del Congreso”.

“Este atentado contra la población que ha exigido por años el cambio de una Constitución concebida en la dictadura, olvida que el poder del Estado emana del pueblo y se debe a su representatividad. Recae en los ciudadanos el derecho de apostar por su propio bienestar”, agregó el jefe de Estado.

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Como se recuerda, el último viernes el Legislativo aprobó, con 72 votos a favor, 44 votos en contra y 0 abstenciones, la ley que establece que toda reforma constitucional deberá ser aprobada por el Pleno antes de que sea sometida a referéndum.

En norma se modifica los artículos 40 y 44 de la Ley 26300, Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadano, con el objetivo de prohibir la convocatoria a consulta popular para llevar adelante reformas a la Constitución que no hayan sido discutidas ni tramitadas por el Congreso.

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