Derrame de petróleo en Ventanilla: Indecopi pide a Sanipes que informe sobre posibles daños a productos pesqueros

Tras el derrame de petróleo ocurrido en la zona donde opera la Refinería La Pampilla, a cargo de Repsol, en el distrito de Ventanilla, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) dio a conocer este jueves que ha solicitado información al Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) y a otras entidades para determinar los daños a los consumidores que podría causar.

En esa línea, el Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley No 29571) señala que los productos ofertados en el mercado no deben conllevar, en condiciones de uso normal o previsible, riesgo injustificado o no advertido para la salud o seguridad de los consumidores.

Además, al tener en cuenta que en la zona afectada se practica la pesca artesanal para la extracción de productos pesqueros (peces, marismos y derivados) y productos acuícolas que se comercializan en el mercado local, Indecopi, mediante el Oficio 020-2022-DPC/INDECOPI, del 19 de enero de 2022, requirió la siguiente información al Sanipes:

• La delimitación de la zona marino costera afectada y el tiempo de afectación.
• Qué actividades de extracción se realizan en la zona afectada, y en qué cadenas productivas tiene incidencia.
• Si se ha identificado la posible afectación de la inocuidad en los productos.
• Acciones adoptadas para informar a los proveedores que realizan labores de extracción sobre los riesgos de comercializar los productos que se extraigan.

Del mismo modo, hoy dirigió al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) el Oficio 023-2022-DPC/INDECOPI, donde solicita información sobre la identificación a los posibles afectados y si corresponde la cobertura de un seguro contratado por parte de la empresa responsable del derrame.

El fin es evaluar si hay una afectación directa a la ciudadanía en su calidad de consumidores, y si corresponde activar nuestras competencias para iniciar procesos judiciales para la defensa de intereses difusos y/o colectivos de los referidos consumidores.