Keiko Fujimori: inician nueva investigación contra Mark Vito por presunto lavado de activos

Indagación también involucra al empresario José Sam Yuen, además de otros empresarios, así como a la compañía del esposo de Keiko Fujimori, MVV Bienes Raíces S.A.C.

Las diversas acciones de compra-venta inmobiliaria de la compañía del ciudadano extranjero desde agosto de 2018 hasta el presente año pusieron en alerta a la Fiscalía.

Las diversas acciones de compra-venta inmobiliaria de la compañía del ciudadano extranjero desde agosto de 2018 hasta el presente año pusieron en alerta a la Fiscalía.

Crédito: Javier Quispe Arcasi/GLR.
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Se le viene la noche. El Equipo Especial Lava Jato ha iniciado una nueva investigación contra Mark Vito Vilanella, esposo de la excandidata presidencial Keiko Fujimori, en la que involucra a su empresa MVV Bienes Raíces S.A.C., además de otros empresarios por el presunto delito de lavado de activos.

Según pudo conocer La República, el fiscal José Domingo Pérez es quien ha dispuesto esta nueva línea de indagación el último lunes 19 de julio debido a seis hechos que relacionan a Vito Villanela, quien, junto a Fujimori Higuchi, es también acusado por el caso Odebrecht.

Entre ellos corresponde a las diversas acciones de compra-venta inmobiliaria de la compañía del ciudadano extranjero desde agosto de 2018 hasta el presente año.

Al igual que Villanela, la Fiscalía también involucró al empresario José Sam Yuen, conocido como el "rey de los casinos", quien también financió la campaña de Fuerza Popular (entonces Fuerza 2011) tras contactar con su socio Javier Bisso para el reclutamiento de falsos aportantes; el exjefe de la Sunat Víctor Shiguiyama Kobashigawa; el empresario Nikola Seremet Slavkovic; y Lucía Pacheco Quispe, sindicada de ocultar, tener, transferir y convertir los presuntos aportes ilícitos.

De la misma manera se involucró a Paul Rodríguez Cruzado en el caso, pero solo por el delito de organización criminal. Todos estarán siendo investigados bajo la Ley de Crimen Organizado y la Fiscalía tendrá un plazo máximo de 36 meses para la recolección de información que prueben los actos delictivos.

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