Aprueban autorizar a la Contraloría y a la SBS pedir el levantamiento del secreto bancario de funcionarios

El pleno del Congreso de la República, aprobó este jueves 15 de julio en segunda votación el proyecto de ley, como reforma constitucional, que autoriza a la Contraloría General y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) solicitar el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria de funcionarios y servidores públicos con el objetivo de fortalecer la lucha anticorrupción en el país.

De acuerdo al presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Luis Valdez, la finalidad de esta iniciativa, aprobada con 93 votos a favor y 14 abstenciones, es combatir de manera más eficaz los delitos de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

En efecto, el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución peruana indica quienes se encuentran autorizados a solicitar el levantamiento del secreto bancario, el cual, en la actualidad, solo puede ser propuesto por el Fiscal de la Nación o una comisión investigadora del Poder Legislativo.

Sin embargo, el proyecto de ley establece que tanto la Contraloría General de la República, como la SBS, tengan la competencia de poder hacerlo sobre funcionarios y servidores públicos que tengan la facultad de administrar fondos del Estado "o de organismos sostenidos por este, en los tres niveles del Gobierno, en el marco de una acción de control”.

“Debemos fortalecer el control gubernamental en manos de la Contraloría General de la República, facilitando el necesario y oportuno acceso a la información. [Esta reforma] da un instrumento que permite detectar con mayor eficiencia los casos de corrupción e inconductas de quienes manejan fondos del Estado”, manifestó Valdez durante la presentación del proyecto.

Opinión contraria

Por su lado, el congresista del Frente Amplio, Lenin Bazán, se mostró en contra del proyecto de ley considerando que no se puede apartar a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) de este proceso, ya que es la entidad recaudadora encargada de la evasión tributaria y la ley le da esa competencia.