Insisten en citar a la presidenta del PJ y al fiscal de la Nación por suspensión de la elección del TC
Luego de que Elvia Barrios y Pablo Sánchez no asistieran a la citación de este último lunes tras acuerdo de la Junta de Portavoces.
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Luego de que la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, y el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, informaran sobre su no participación en la citación del Congreso para explicar las medidas impuestas contra la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC), la Junta de Portavoces volvió a insistir en llamarlos para asistir a la Comisión Permanente para este martes 13 de julio.
El presidente de dicha comisión, Luis Valdez, busca que, en el caso del Poder Judicial, se informe sobre la designación de los jueces supernumerarios de la Corte Superior de Justicia de Lima, además de insistir en una explicación sobre la medida cautelar que emitió la jueza constitucional Soledad Blácido Báez para suspender la elección del nuevo TC.
En tanto, respecto a Sánchez, solicitarán información sobre la apertura de una investigación en su despacho contra los 87 legisladores que decidieron desacatar la orden judicial.
Como se recuerda, Barrios se excusó debido a otras actividades que tenía agendado, además de aclarar a través de una carta y un video las consultas que le iban a realizar en el Parlamento Nacional.
“El proceso de selección de jueces supernumerarios, también conocidos como suplentes, se lleva a cabo bajo estrictas reglas dictadas por el Consejo Ejecutivo del PJ. La evaluación y selección de los jueces supernumerarios se llevan a cabo en cada una de las 34 Cortes Superiores de Justicia, a nivel nacional”, explicó la presidenta del PJ.
Asimismo, agregó que existe "un concurso público y luego de un examen, los incorporan al registro de jueces supernumerarios, en estricto orden de mérito". “El presidente del PJ no interviene en ese proceso de selección”, remarcó Barrios.
Por su lado, Pablo Sánchez explicó sobre el inicio de la investigación preliminar recordando que la Constitución y la Ley Orgánica da autoridad al Ministerio Público, como autoridad, para indagar sobre el desacato de una resolución judicial. Sin embargo, precisó que ello no implica la acusación de algún cargo penal o la formulación de alguna imputación contra los investigados.
“En este caso, es de conocimiento público la decisión adoptada por el Congreso de la República, a través de algunos de sus miembros, de continuar con el proceso de elección de magistrados del TC a pesar de conocer la resolución judicial que ordenaba su suspensión provisional”, manifestó.
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