Golpe de Estado: excancilleres de la República del Perú se pronuncian con carta a la OEA

Los exministros de Relaciones Exteriores de la República del Perú Allan Wagner, Manuel Rodríguez Cuadros, Rafael Roncagliolo, Eduardo Ferrero Costa, Diego García Sayán, Oscar Maúrtua y Eda Rivas manifestaron su preocupación ante “la grave situación política del Perú” tras el golpe de Estado en una misiva al Secretario General de la OEA.

“Las características y modalidades del cambio de gobierno que se ha producido en el país son contestadas por un sector mayoritario de la población, que cuestiona su legitimidad”, inicia la carta escrita por los siete excancilleres a la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Los exministros de Relaciones Exteriores del Perú se pronunciaron sobre las manifestaciones producidas en el país, y resalta que, la población, en su mayoría jóvenes ejercen “su legítimo derecho a la protesta y a la movilización política y social, amparados por las leyes y la Constitución”.

En cuanto a la respuesta de la Policía y el régimen de Merino, los excancilleres reconocieron las denuncias sobre “el uso desproporcionado de la fuerza”, por lo que pidieron que este debe ejercerse de “manera proporcional y no abusiva, en conformidad con los principios básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y las Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”.

Asimismo, hacen recordar que las fuerzas del orden deben respetar el pacto de Derechos y Civiles y la Convención Americana de Derechos Humanos, y la no vulneración de la seguridad jurídica.

De otro lado, saludan la acción del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, de enviar al Perú una Misión Electoral para contribuir a que las elecciones que tendrán lugar el 11 de abril del 2021 sean “plenamente democráticas y justas”.

“Solicitamos que pueda usted enviar la Misión lo más pronto posible, dada la existencia de situaciones que pueden afectar gravemente las condiciones de la vida democrática en el país”.

Debe incluir la observancia de la evolución de la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho en el país; el respeto al principio de legalidad; las condiciones de vida democrática que garanticen un proceso electoral democrático y justo.