Dictan prisión contra dos policías que pidieron coima a padres de familia

Dos policías acusados presuntamente de exigir una coima de mil soles a unos padres de familia a cambio de no quitarle a sus hijos y mandarlos a un albergue en San Juan de Lurigancho, pasarán por seis meses cumpliendo prisión preventiva.

En base a contundentes elementos de convicción, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Este consiguió que el Poder Judicial dicte prisión preventiva en contra dos policías de la comisaría de Canto Rey, denunciados por el cobro de mil soles de coima a cambio de no detener a unos padres de familia por el presunto abandono de sus menores hijos en el distrito de San Juan de Lurigancho.

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Durante la audiencia virtual que duró casi nueve horas, la fiscal provincial Angélica Osorio Fernández acusó a los suboficiales Sergio Antonio Soplapuco Vilchez y Eiffel Cli Ccalla Torres, por el presunto delito de cohecho pasivo propio en ejercicio de la función policial.

El Ministerio Público presentó los graves y fundados elementos de convicción contra ambos agentes quienes habrían coaccionado a la ciudadana Marisol Flores Lalangui y a su conviviente, a cambio de no denunciarlos e internar a sus cuatro menores hijos en un albergue.

Entre dichos elementos figuran la pericia de homologación de voz practicada al audio grabado por la pareja de la denunciante, donde el imputado Sergio Soplopuco hace el ilícito requerimiento mientras la familia intervenida era transportada en el patrullero de placa de rodaje BLZ-688.

Asimismo, constan los documentos que confirman que ambos efectivos policiales se hicieron cargo de atender una denuncia de presunto abandono de menores que ingresó mediante la Línea 100 y que la aludida desmintió; el reconocimiento físico que ella hizo de ambos policías, además de los voucher bancarios que certifican que la hermana de dicha ciudadana depositó la suma requerida.

A ello se sumó que la prognosis de pena a imponerse por el delito de imputado supera los cuatro años de pena privativa de la libertad, así como una insuficiente calidad de arraigo laboral que podría ocasionar un alto riesgo de fuga u obstaculización de la acción de la justicia.

Cabe precisar que el pedido efectuado por la representante del Ministerio Público fue de nueve meses de medida restrictiva tanto para ambos policías como para su presunto cómplice Jesús Miguel Gamarra Sifuentes, cuya cuenta fue utilizada para la ilícita transacción.

Sin embargo, contra el policía Gamarra Sifuentes, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios determinó que sea investigado bajo la medida de comparecencia restringida.

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La sanción que el artículo 395-A del Código Penal establece para el delito que se les atribuye a ambos policías, oscila entre 6 y 10 años de pena privativa de la libertad.