Ayacucho: condenan a 20 años de cárcel a un capitán del Ejército por ejecutar a pobladores

El capitán en retiro del Ejército Peruano, Edgar Ernando Acevedo López fue condenado a 20 años de prisión por ejecución extrajudicial a siete campesinos. Además se le impuso que construya un busto estructurado en la zona donde se produjeron las muertes y que haga entrega pública de los restos de las víctimas a sus familiares.

Tras un arduo trabajo, la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional de Ayacucho, logró que se condene al capitán en retiro del Ejército Peruano, al hallarlo responsable del delito de violación de derechos humanos durante el periodo de violencia en el país.

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Edgar Ernando Acevedo López, quien fue hallado culpable del delito de homicidio calificado, en la modalidad de ejecución extrajudicial en contexto de lesa humanidad.

El fiscal adjunto superior titular, Jesús Prado León, sostuvo que como medidas de reparación la Sala Superior dispuso, que en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el tercero civil responsable – Ministerio de Defensa, construya un busto estructurado en la zona donde se produjeron las muertes; además de la entrega pública de los restos de las víctimas a sus familiares.

Trabajo especializado

Se trata de un caso emblemático de pobladores ejecutados extrajudicialmente, que conllevó a una activa participación de todo el subsistema de derechos humanos del Ministerio Público, como el trabajo de los peritos forenses de Equipo Forense Especializado, el Laboratorio de ADN de Ayacucho y el equipo de fiscales de este Subsistema Especializado en Delitos de Graves Violaciones de Derechos Humanos y Terrorismo.

Las víctimas son: Orlando Quispe Huauya, Mauricio Meza Quispe, Norberto Chipana Meza, Marino Vásquez Quispe, Luis Chumbe Meza, Teodoro Canchari Penado y Leoncio Quispe Meza.

En el juicio oral, la Fiscalía demostró que el 24 de abril de 1983, los pobladores fueron victimados en inmediaciones del río Cachimayo, por una patrulla militar de la Base Contrasubversiva de Huancapi, al mando del hoy condenado, quien ordenó la ejecución.

Los agraviados habían sido detenidos el 14 y 15 de abril de ese mismo año por soldados de la Base Militar de Cangallo, en el centro poblado de Llusita, distrito de Huancaraylla, provincia de Víctor Fajardo. Fueron acusados de pertenecer a la organización terrorista Sendero Luminoso.

Cabe indicar que el coordinador del Subsistema Especializado en Derechos Humanos y Terrorismo, Daniel Alberto Jara Espinoza, expresó su reconocimiento a todos los fiscales y peritos que participaron en el caso; en especial al fiscal Prado León por su destacada actuación y resultados.

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Con ello, el Ministerio Público reafirma su compromiso en la lucha contra la impunidad y el acceso a la justicia de las víctimas en los graves casos de violaciones de derechos humanos, de acuerdo a los estándares internacionales.