Fuero Militar investiga compra de mascarillas y productos para la Policía Nacional
Fuero Militar investiga la compra irregular de mascarillas y productos de primera necesidad para la Polcía Nacional del Perú, durante el Estado de Emergencia.
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La Fiscalía Suprema Militar Policial, abrió investigación preliminar contra el general de la Policía Nacional del Perú, Héctor Javier Petit Amésquita y los que resulten responsables, por la compra irregular de mascarilla y alimentos para la institución policial valorizados en unos 10 millones de soles, durante el estado de emergencia ante la pandemia de la enfermedad del coronavirus.
La Fiscalía Suprema Militar Policial, investiga al Director de Administración de la Policía Nacional del Perú y los que resulten responsables por los actos de implicancia penal militar policial en la adquisición de mascarillas y alimentos para la PNP en el marco del estado de emergencia ante la pandemia del Coronavirus.
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Esta investigación se realiza con el fin de determinar las responsabilidades y establecer los presuntos delitos de función en el proceso de la adquisición de las mascarillas y productos por un monto ascendente a los 10 millones de soles a un proveedor sin experiencia en el rubro y carente de registro sanitario
La Policía habría contratado a la empresa Emotion Group Perú S.A.C., que se dedica a la venta de llantas y repuestos para vehículos, para la compra de mascarillas y alimentos por un monto de cerca de 15 millones de soles.
Esta acción en el Fuero Militar Policial responde a la denuncia de parte presentada por la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior, contra el director de administración de la PNP Petit Amésquita, habiéndose iniciado de inmediato las diligencias correspondientes para el esclarecimiento del caso.
La Fiscalía Militar Policial es el órgano de acción penal del Fuero Militar Policial, responsable de la persecución del delito, en aplicación del Código Penal Militar Policial.
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En lo que va de la emergencia, el Fuero Militar Policial ha abierto más de 15 investigaciones por distintas inconductas contempladas en el Código Penal Militar Policial, habiéndose emitido disposiciones de prisión preventiva contra más de una decena de efectivos que han cometido delitos de función durante el Estado de Emergencia Nacional por el COVID-19.