Poder Judicial confirmó detención preliminar contra ex funcionario de Humala

El Poder Judicial, confirmó la detención preliminar por 10 días contra el  ex asesor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Carlos García Alcázar acusado en el caso del "Club de la Construcción" y Lava Jato, durante el gobierno del ex presidente Ollanta Humala. 

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La Sala Penal Nacional de Apelaciones del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, consideró que la resolución de la jueza del primer juzgado nacional de investigación preparatoria, María de los Ángeles Álvarez Camacho que ordenó la detención de García Alcázar y Malága Torres por delito de tráfico de influencias y lavado de activos se encontraba motivada y se cumplieron los presupuestos para dictar la detención preliminar, por lo que se confirma dicha medida coercitiva.

La Sala de Apelaciones también confirmó la medida contra el prófugo empresario Félix Erdulfo Malága Torres, representante de la empresa constructora Malága Hermanos y concluye además, que la detención preventiva está justificada y era necesario para garantizar el avance de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, al existir graves evidencias de la comisión de delitos en agravio del Estado.

García Alcázar fue detenido el viernes pasado, permaneciendo en la carceleta del Ministerio Público, mientras que Malága Torres se encuentra como no habido, pero  apelaron la orden de detención que pidió el Equipo Especial del Ministerio Público como parte de las investigaciones del Club de la Construcción.

El plazo de 10 días vence el lunes próximo, fecha en la que el Ministerio Público deberá decidir si deja en libertad a García Alcázar o solicita que se disponga orden de prisión preventiva, mientras avanzas las investigaciones.

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El colegiado "A" de la Sala de Apelaciones es presidida por la jueza superior Susana Castañeda Otsu e integrado por los magistrados Ramiro Salinas Siccha y Juan Guillermo Piscoya, ratificaron dicha medida.

Según la fiscalía, el Club de la Construcción esta constituido por unas 30 empresas constructoras, que entre los años 2011 al 2014, decidían entre ellas, las ganadoras de las lícitaciones de obras públicas que realizaba Provías Nacionales, una entidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.