Ministerio Público acusa a tres empresas socios de Odebrecht por pago de coimas

El Equipo Especial del Ministerio Público que investiga el caso Lava Jato amplió la investigación preparatoria que se sigue contra los directivos de las tres empresas constructoras, acusado presuntamente de beneficiarse con la adjudicación de la buena pro a cambio del pago de coimas de la empresa brasileña Odebrecht durante el gobierno de Alejandro Toledo.

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La ampliación de la investigación preparatoria comprende a los empresarios José Alejandro Graña Miro Quesada, Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone, José Fernando Castillo Dibós, Gonzalo Ferraro Rey y Hernando Alejandro Graña Acuña, a quienes se investiga por delitos como colusión agravada y lavado de activos en agravio del Estado.

De acuerdo con los elementos de convicción actuados por el Ministerio Público, durante la corroboración reservada del proceso de colaboración eficaz de Jorge Henrique Simoes Barata, dichos empresarios, en su condición de altos directivos de las empresas Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales (ICCGSA), habrían defraudado al Estado al concertarse con el ex presidente, Alejandro Toledo, de tal modo que resultaron beneficiadas con el otorgamiento de la buena pro.

Como parte del proceso de colaboración eficaz, el ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Simoes Barata, reveló que los pagos ilícitos para el expresidente Toledo Manrique por el favorecimiento en la concesión del proyecto vial Interoceánica Sur, fueron efectuados por la empresa Odebrecht con el conocimiento de las empresas consorciadas, lo que fue conversado por Barata quien declaró haber dialogado sobre el tema con los miembros de los directorios de dichas empresas.

Como resultado de dichas conversaciones, el Estado Peruano adjudicó la ejecución de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur a los consorcios integrados por las empresas "Constructora Norberto Odebrecht", "Graña y Montero", "JJ Camet Contratistas Generales" e "Ingenieros Civiles y Contratistas Generales".

La disposición fiscal fue remitida al Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional y notificada a todas las partes. 

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Cabe indicar que la medida representa una corroboración suficiente a través de diversas actuaciones reservadas, que incluye actividad pericial de lo declarado por el colaborador Simoes Barata acerca de la intervención penalmente relevante de las empresas consorciadas.

Cabe precisar que esta ampliación se formaliza en la carpeta fiscal Nº 2-2017, correspondiente a la investigación preparatoria seguida contra Alejandro Toledo Manrique y otros.