Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva para alcalde de San Bartolo

El Poder Judicial ordenó la captura contra el alcalde de San Bartolo, Jorge Luis Barthelmess Camino y otros cuatro ex funcionarios de su municipio, tras dictarle 9 meses de prisión preventiva, por apoderarse de 705,700 soles de los fondos de dicha entidad.

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Poder Judicial dictó 9 meses de prisión contra el alcalde de San Bartolo, Jorge Luis Barthelmess
Poder Judicial dictó 9 meses de prisión contra el alcalde de San Bartolo, Jorge Luis Barthelmess

El Poder Judicial dictó 9 meses de prisión contra el alcalde de San Bartolo, Jorge Luis Barthelmess Camino y otros cuatro ex funcionarios del mismo municipio, tras ser acusados presuntamente de apoderarse de 705,700 soles de los fondos de dicha entidad durante los años 2012 y 2013.

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El Tercer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de la Corte de Lima Sur, también dispuso esta misma medida coercitiva contra la jefa de la Oficina de Tesorería, Nancy Eugenia Matías Ramírez, el gerente de Desarrollo Territorial, Manuel Pedro Ruíz Blanco, la gerenta de Servicios, María Lourdes Rueda Lescano y la gerente municipal, Cecilia del Rosario Sánchez Vásquez estás dos últimas son acusadas como cómplices primarios.

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La jueza de investigación preparatoria, Katya Jessica Cabanillas Díaz, ordenó la ubicación y captura de los cinco ex funcionarios tras ser acusados por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito contra la administración pública - peculado doloso, en agravio del municipio.

De otro lado, la jueza impuso la medida de comparecencia con restricciones contra Enrique Trotsky Ruíz Velásquez y le impuso reglas de conducta como no ausentarse del lugar que ha declarado como domicilio, esta obligado a presentarse ante el Juzgado cada vez que sea citado y pagar una caución económica de 7 mil en un plazo de 10 dias hábiles.

Al respecto, Marco Cerna Bazán, presidente de la Corte de Lima Sur, saludó la medida y la actuación del Poder Judicial en este caso.

                               

El Ministerio Público, acusa a los funcionarios de haber utilizado sus cargos para contratar a "proveedores fantasmas" entre los años 2012 y 2013.

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Se les imputa a los ex funcionarios presuntamente, de haber hecho uso de documentos falsos como son proformas, cotizaciones, recibos por honorarios de proveedores, con el fin de generar el pago de servicios no realizados, tal como mantenimiento de vías y veredas, pintado y limpieza, obras de prevención, señalización, elaboración de planos, entre otros.

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