Jenny Kume: Fiscal pide un año y cuatro meses de prisión para su pareja
Fiscal acusa a pareja de bailarina Jenny Kume, el rumano Gabriel Dumitru por el delito de coacción al amenazarla de muerte
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La fiscal provincial penal de Lima, Ana María Linares Zamora pidió un año y cuatro meses de prisión para el rumano Gabriel Dumitru Dumbrava por coaccionar a su pareja la bailarina Jenny Kume el pasado uno de agosto en su vivienda de Pueblo Libre, presuntamente para que siga a su lado.
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La magistrada determinó que existen pruebas suficientes contra el acusado de haber amenazado de muerte por celular a su pareja para que continúe con la relación.
La jueza de investigación preparatoria María de los Angeles Alvarez Camacho abrió proceso contra el imputado Gabriel Dumitru Dumbrava con comparecencia restringida y dispuso su libertad del procesado aduciendo que no existe peligro de fuga, ni obstaculización de la justicia y la pena por el delito de coacción es de hasta dos años de prisión.
Le impuso además reglas de conducta, no ausentarse de Lima sin conocimiento del Juzgado, presentarse cada 15 días al Juzgado a informar sobre sus actividades que realiza, no comunicarse con los familiares de la agraviada ni acercarse al domicilio de la misma y buscar otro domicilio de residencia informando al Juzgado.
Hay que recordar, que la pareja de Jenny Kume fue detenido cerca de la casa de la agraviada, en circunstancias cuando ella llamó a la policía por las amenazas de muerte que este le hiciera por celular.
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Cuando la agraviada llega en un patrullero con un grupo de policías, se aprecia al detenido que se le cae un arma blanca de su vestimenta, por lo cual la policía procede a su detención, pero por no dejarse deterner e insultar a los efectivos, fue denunciado por desobediencia y resistencia a la autoridad, pero no fue denunciado por intento de feminicidio ni violencia familiar.
Sin embargo la fiscal provincial penal Ana María Linares Zamora, actuó de oficio y en la audiencia de proceso inmediato sostuvo que el imputado habría cometido el delito de coacción contra la agraviada al haberla amenazado de muerte por teléfono, tal como señala el Código Penal que es penado de 2 días a dos años de pena.
De manera expresa la representante del Ministerio Público actuó en favor de la protección de la agraviada ante las amenazas telefónicas del imputado.
La magistrada del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, fijará fecha para audiencia y decidirá en los próximos dias si condena al procesado Gabriel Dumitru Dumbrava.