Ministerio Público entregó restos de 22 víctimas de la violencia terrorista
El Ministerio Público de Ayacucho, entregó los restos de 22 víctimas de la violencia terrorista en la comunidad de Pampacancha, jurisdicción del Centro Poblado de Culluchaca, en Huanta, ocurrido en los años ochenta
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Luego de 35 años, el Ministerio Público de Ayacucho, entregó los restos de 22 víctimas de la violencia terrorista ocurrido entre los años 1983 y 1984 en la comunidad de Pampacancha, jurisdicción del Centro Poblado de Culluchaca, en Huanta.
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La Iglesia Matriz de Huanta, en Ayacucho, fue escenario ayer de la ceremonia reparadora y acto fiscal de restitución de restos humanos correspondientes a 22 cuerpos de víctimas de la violencia política que sacudió esa zona de nuestro país.
Los cuerpos fueron colocados en ataúdes pintados de color blanco, con las prendas de vestir y los objetos que portaban los comuneros en el momento que fueron ejecutados.
La entrega de los cuerpos fue posible luego del trabajo realizado por el Equipo Forense Especializado del Ministerio Público, integrado por arqueólogos, antropólogos, médicos y odontólogos, quienes recuperaron los restos humanos de 50 víctimas ubicadas en el cementerio de Pampacancha y en varios parajes del centro poblado de Culluchaca, pertenecientes a la provincia de Huanta.
Tras ello, se logró la identificación de 22 restos humanos que fueron entregados ayer miércoles a sus familiares, en acto oficial que fue encabezado por el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Ayacucho, Javier Anaya Cárdenas y también estuvo presente el fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas, junto a las principales autoridades regionales y locales.
La Fiscalía Penal Supraprovincial de Huancavelica con sede en Ayacucho, investiga éstos hechos de violación a los derechos humanos ocurridos entre 1983 y 1984 en la comunidad de Pampacancha, jurisdicción del Centro Poblado de Culluchaca, en Huanta.
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Asimismo, la Fiscalía continúan las diligencias dirigidas a identificar al resto de víctimas, para lo cual se viene recogiendo muestras de sangre a sus familiares a fin de comparar el ADN a través métodos antropológico-odontológicos. Todo ello, en estricto cumplimiento a los protocolos de investigación nacional e internacional relacionados a casos de lesa humanidad.
Luego de la entrega, los familiares trasladaron los restos de las víctimas a sus lugares de origen, para darles una adecuada sepultura.
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