
Con el retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha endurecido drásticamente su política migratoria. Todd Lyons, nuevo jefe interino de la agencia, anunció que cualquier persona que se encuentre en el país sin estatus legal será arrestada, sin importar si tiene o no antecedentes penales. En declaraciones a CBS News, Lyons fue directo: "Si encontramos a alguien ilegalmente en el país, lo tomaremos bajo custodia".
La nueva estrategia marca un giro respecto al enfoque anterior. El ICE tiene como meta realizar un millón de deportaciones en un año, impulsando una etapa de redadas masivas y detenciones que no se veían desde hace años. Las autoridades han dejado atrás las restricciones impuestas por la administración Biden y han retomado operativos de gran escala.
Uno de los aspectos más temidos de esta nueva política es el regreso de las redadas colaterales: detenciones de personas indocumentadas que no eran el objetivo inicial de un operativo, pero que terminan arrestadas por su estatus migratorio. También, se han autorizado detenciones en sitios como tribunales, comunidades y lugares de trabajo. De hecho, desde enero, ya se han deportado cerca de 150,000 personas, de las cuales menos de la mitad tenía antecedentes penales, muchos por faltas menores.
Ejemplos recientes de estas acciones se han dado en plantas de procesamiento de carne en Nebraska, un hipódromo en Louisiana y una instalación de cannabis en California, donde más de 300 inmigrantes indocumentados fueron detenidos, incluidos al menos 10 menores. Estas acciones han provocado un incremento en los arrestos fuera de cárceles, especialmente en jurisdicciones con políticas santuario, que limitan la cooperación con autoridades federales.
ICE aplicará detenciones masivas: basta con incumplir esta regla, tengas o no delitos.
Además del enfoque sobre los inmigrantes, el ICE también planea tomar medidas contra empresarios que contraten a trabajadores indocumentados. Lyons confirmó que se investigará a fondo a empleadores que fomenten o se beneficien de la explotación laboral. "No solo vamos tras quienes están ilegalmente en el país, también iremos por quienes los contratan", declaró.
Organizaciones proinmigrantes han denunciado que estas medidas crean un clima de miedo y tensión en muchas comunidades, especialmente entre los latinos. Aun así, el gobierno defiende su postura y argumenta que se busca restaurar el cumplimiento de las leyes y desmantelar redes ilegales de empleo y tráfico de personas. Con un presupuesto ampliado y el respaldo del Congreso, el ICE se prepara para implementar esta política con una agresividad sin precedentes.
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