La ATSUPER ha emitido una advertencia respecto a las tácticas de las empresas concesionarias de los corredores complementarios en el Perú. Según la organización, estas empresas están tratando de desviar la atención haciéndose pasar por víctimas, a pesar de que el informe de la Contraloría General de la República (Informe N° 29026-2023-CG/APP-AC).
En este documento señala claramente el incumplimiento por parte de los concesionarios en lo que respecta a la flota de buses y las áreas de patios durante en estos últimos años.
Según el comunicado de la ATSUPER, se destaca que un Corredor de 272 buses ofertados, el concesionario solo puso a operar 30 buses y respecto a los patios sucede lo mismo. En un paquete se verificó que del 100% de área exigida el concesionario solo cumplió con el 28.76%. repitiéndose situaciones similares en la mayoría de paquetes.
Asimismo, la Contraloría detectó que, tanto Protransporte como ATU en sus respectivos periodos, otorgaron a los concesionarios la suma de S/ 172,146,971.80 por la emergencia del COVID-19, cuando conforme el contrato dicho reconocimiento respondía solo a los gastos adicionales por la emergencia y no a cubrir los gastos ordinarios de operación. También se verificó que no obra en los archivos de ATU, varias actas de conformidad para el inicio de la fase de Pre Operación.
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La ATSUPER sostiene que los concesionarios siempre exigen a la autoridad el cumplimiento del contrato cuando, según la Contraloría, los concesionarios son los que incumplen.
“Esto ha afectado la calidad de vida de los usuarios pasajeros de todo Lima y el Callao. Se retiraron muchas rutas de transporte tradicional y los concesionarios no operan la flota exigida, en consecuencia, existe abandono del servicio. En la Defensoría del Pueblo se vienen presentando innumerables quejas por falta de servicio, sobre todo del distrito de San Juan de Lurigancho”, dice el comunicado.
Ante ello, la Asociación de Transportistas exhorta a las autoridades del Gobierno Nacional y de la ATU a no dejarse amedrentar e iniciar el proceso de cancelación por los incumplimientos de los contratos verificados por Contraloría.
Además, piden “evaluar la continuidad de este mal e insuficiente servicio, que afecta la economía de las poblaciones más pobres y su calidad de vida propiciando transbordos y oferta informal beneficiando solo a unos pocos, debiendo caer todo el peso de la ley por los beneficios indebidos con dinero de todos los peruanos”.
Periodista especializado en actualidad, vida y deportes. Bachiller en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Redactor en El Popular. Interesado en temas relacionados como economía, coyuntura nacional e internacional, trucos caseros y educación.