Cajamarca: condenan a siete años de cárcel a un fiscal que falsificó documentos en caso de alimentos

El fiscal adjunto provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cajabamba, Exford Edward Cipirian Rivera fue condenado por el Poder Judicial de Cajamarca a siete años de pena privativa de la libertad efectiva por presentar documentos falsos en una investigación para la entrega de dinero por concepto de pensiones alimenticias el 2019 a una mujer.

El fallo también establece una multa de 425 días multa, equivalente a 32,886.50 soles y una reparación civil de 8 mil soles a favor de la parte agraviada, distribuida entre Inés Romero Yachi y el Estado.

La Sala Penal Especial de Juzgamiento de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, que preside el juez superior Ricardo Sáenz Pascual, integrada por los jueces superiores Elard Fernando Zavalaga Vargas y Jorge Fernando Bazán Cerdán (ponente), emitieron una contundente sentencia condenatoria contra el fiscal Exford Edward Cipirian Rivera, por la comisión del delito de falsedad ideológica.

La sentencia se fundamentó en el análisis detallado de los hechos imputados, las pruebas acopiadas y la calificación jurídica atribuida.

El tribunal encontró culpable al fiscal Exford Edward Cipirian Rivera como coautor del delito contra la fe pública, falsedad ideológica, en agravio de Inés Romero Yachi y del Estado, representado por la Procuraduría Pública a Cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio Público.

La sala penal especial de juzgamiento pudo establecer que la acusación del fiscal superior penal de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Cajamarca, Jhony Rubén Alcalde Huamán, tuvo pruebas suficientes respecto del hecho delictivo atribuido contra el fiscal adjunto provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cajabamba, en coautoría con el abogado Wilson Aliaga Vega.

Se les imputa que ambos insertaron declaraciones falsas en el “acta de entrega de dinero por concepto de pensiones alimenticias”, de fecha 28 de febrero de 2019, puesto que se consignó falsamente en dicho instrumento público el hecho referente a que Inés Romero Yachi, madre de los menores de iniciales B.A.B.R y L.A.B.R, se habría apersonado al despacho fiscal y habría recibido personalmente la suma de 4,808.50 soles por concepto de pensiones alimenticias devengadas.

Sin embargo, dichos hechos no se habrían producido en la realidad, empero, Wilson Aliaga Vega (abogado de la agraviada) obtuvo un documento sin contenido, pero firmado y con huella dactilar correspondiente a la agraviada, el cual le entregó al acusado para que, además de suscribir tal documento, se consignen los hechos que no correspondían a la realidad.

La sentencia de la Sala Penal Especial de Juzgamiento fue apelada y será elevada a la Sala Penal respectiva de la Corte Suprema de Justicia para que evalúe el caso.

"Esta resolución marca un hito en la lucha contra la corrupción mediante la falsificación de documentos públicos por funcionarios públicos del sistema estatal de justicia, reafirmando la importancia de la justicia transparente y el cumplimiento de la ley en la sociedad."