
La propietaria de una vivienda ubicada en el distrito de La Molina denunció que una mujer continúa ocupando el inmueble pese a mantener una deuda por alquiler y existir una orden judicial que dispone la restitución del predio. Según indicó, la ocupante exige el pago de US$15.000 para retirarse, argumentando presuntas mejoras realizadas en la casa.
El conflicto se mantiene desde hace varios años y ha derivado en procesos legales, denuncias vecinales e intervenciones municipales por presuntas infracciones a las normas de convivencia y seguridad urbana.

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La dueña explicó que alquiló la casa en el año 2012 a una familia proveniente del norte del país. Con el tiempo, dejó de percibir el pago mensual, acumulándose una deuda que, según afirma, alcanza los S/150.000.
De acuerdo con su testimonio, los ocupantes señalan que solo se retirarán si se les paga 15 mil dólares por supuestas mejoras realizadas en el inmueble sin autorización.
Entre los cambios que la propietaria señala figuran la construcción de un cuarto, el uso de calaminas, modificaciones en el área de servicio y la ampliación de un muro. Indicó que parte de esa estructura se encuentra deteriorada y podría representar un riesgo.
Estas intervenciones habrían sido realizadas sin el consentimiento de la titular del predio, según la denuncia presentada.
La situación se agravó cuando vecinos reportaron malos olores provenientes del inmueble. Al acudir a la vivienda, la propietaria constató la presencia de al menos 11 animales entre perros y gatos, lo que estaría relacionado con una presunta venta ilegal de mascotas.
Según la ordenanza municipal de La Molina, en zonas urbanas solo se permite un máximo de dos perros por terrenos de hasta 600 m² y hasta cuatro en predios más grandes, salvo autorización de la veterinaria distrital.
La propietaria solicitó la intervención de la municipalidad por posibles vulneraciones a las normas de convivencia y salubridad. Señaló que se habrían incumplido disposiciones sobre tenencia de animales y modificaciones estructurales.
Además, pidió que se realicen acciones de fiscalización para verificar las condiciones del inmueble ocupado.
El caso llegó al Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de La Molina y Cieneguilla, que dispuso que la demandada y otros convivientes desocupen y restituyan la vivienda.
Sin embargo, la propietaria indicó que la medida aún no se ha ejecutado y que desde septiembre del año pasado no mantiene comunicación con los ocupantes, quienes incluso le habrían impedido el ingreso al inmueble.
La audiencia de apelación solicitada por la parte demandada fue programada para el 5 de marzo. Mientras tanto, la dueña pide la intervención de fiscalización de La Molina y otras autoridades para recuperar su propiedad. El caso continúa en trámite dentro del proceso judicial correspondiente.
Periodista especializada en actualidad y tendencias. Bachiller en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Redactora en Popular. Interesada en temas relacionados con actualidad nacional e internacional, virales en tendencia y más.