Los 3 taxis por aplicativo más inseguros en Perú: Aspec publicó estudio con apps más denunciadas

Atención usuarios | Un reciente estudio de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), elaborado junto al Observatorio de Plataformas–Perú e Ipsos Perú, ha dado muestras alarmantes sobre la inseguridad en los taxis por aplicativo en el Perú.

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Bajo el nombre de “Movilidad digital sin reglas: riesgos al consumidor y la urgencia de regular en el Perú”, el texto advierte serias fallas en seguridad, transparencia y protección al usuario en las principales apps de transporte en el país.

¿Cuáles son las aplicaciones de taxis más inseguras en Perú?

El análisis evaluó a cinco plataformas que operan en el país: Uber, DiDi, Cabify, inDrive y Yango. Aunque Yango obtuvo la mejor puntuación (4,25) y Cabify se ubicó en segundo lugar (3,25), el ranking revela un escenario preocupante: inDrive (2,5), Uber (1,25) y DiDi (1,0) figuran como las apps con mayor nivel de riesgo para los usuarios.

Entre los problemas más graves está que DiDi, Yango e inDrive no cuentan con domicilio legal en el Perú, lo que deja a los usuarios en una situación indefensa jurídica. De existir reclamos o conflictos, deberán ser resueltos en tribunales extranjeros.

Así tambiém, se halló que Uber y DiDi no tienen libro de reclamaciones visible, y que todas las plataformas imponen contratos con cláusulas abusivas, que trasladan la responsabilidad al usuario.

Sandra Turriate, representante de Ipsos Perú, compartió que el trabajo de campo se realizó bajo la modalidad de cliente incógnito, entre diciembre de 2025 y enero de 2026, sobre 70 viajes en Lima. Los resultados muestran que el 23% de los servicios de taxi fueron cancelados antes de concretarse, solo el 18% exhibía SOAT visible, y en varios casos hubo discrepancias entre la placa registrada y el vehículo real.

¿Qué propone Aspec para regular las apps?

Frente a este panorama, Aspec plantea cuatro medidas urgentes:

• Que las plataformas tengan domicilio legal y representación en el Perú
• Que los conductores estén debidamente habilitados
• Que existan sanciones efectivas, como multas o suspensión de servicios
• Que los vehículos no superen los 10 años de antigüedad.