
El Colegio de Abogados de Lima (CAL) encendió el debate nacional al presentar un proyecto de ley que pretende evitar abusos en las investigaciones por lavado de activos, una problemática que preocupa a miles de peruanos que trabajan en la economía informal. Según el decano Raúl Canelo, la normativa actual permite sospechar del delito únicamente por poseer dinero sin justificar, afectando injustamente a pequeños comerciantes y emprendedores.
Canelo recordó que, antes, se debía identificar el “delito fuente” —como narcotráfico o trata de personas— para procesar un caso de lavado de activos. Sin embargo, los cambios en la ley permiten que cualquier ingreso sin comprobante sea motivo suficiente para abrir una investigación, olvidando que más del 70% de la economía peruana es informal.
El proyecto legislativo busca que disposiciones como el congelamiento de cuentas o la incautación de bienes solo se apliquen con fundamentos claros y sólidos. “Los que venden autos usados, comerciantes ambulantes, sastres y otros trabajadores informales están expuestos a ser denunciados injustamente (…) y cuando eso sucede, el sistema financiero y registros públicos bloquean sus propiedades. Eso es abusivo y discriminatorio”, advirtió Canelo.
El decano del CAL enfatizó que quienes evaden impuestos deben ser procesados por delitos tributarios y no por lavado de activos, delito que tiene consecuencias más graves y estigmatizantes. “No podemos permitir que se criminalice la informalidad. Un marco legal equilibrado garantizará justicia sin vulnerar los derechos de los peruanos”, afirmó.
El dato revelador es que la fiscalía y la policía son las únicas instituciones facultadas para conducir estas investigaciones, las cuales han sido cuestionadas por presuntos excesos que podrían provocar la fuga de capitales. Este fenómeno afecta directamente la inversión y la estabilidad económica del país.
Especialistas señalan que la actual legislación no se ajusta a estándares constitucionales ni internacionales en materia de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, lo que deja un vacío legal peligroso para la seguridad jurídica de miles de trabajadores y empresarios.
El Colegio de Abogados de Lima exhorta al Congreso a priorizar este debate y aprobar la reforma propuesta, que permitiría una lucha efectiva contra el lavado de activos sin vulnerar los derechos de los ciudadanos que forman parte de la economía informal del Perú.
Periodista especializado en temas policiales y políticos. Graduado de la Universinad Nacional Federico Villarreal. Redactor y coordinador en El Popular. Interesado en temas policiales, política y actualidad.